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Odebrecht: Nuevo juez revisará impedimento de salida de José Nava

Tribunal anuló decisión de primera instancia que prohibió a José Nava Mendiola salir al extranjero por 8 meses. Situación del hijo de Luis Nava Guibert se definirá en otro Juzgado.

José Nava Mendiola es el hijo de Luis Nava Guibert, ambos vinculados en los sobornos de Odebrecht. Foto: La República.
José Nava Mendiola es el hijo de Luis Nava Guibert, ambos vinculados en los sobornos de Odebrecht. Foto: La República.
Alonso Collantes

La orden que impedía a José Nava Mendiola salir al extranjero por 8 meses, hijo de Luis Nava Guibert y procesado por presunto lavado de activos en el caso Don Reyna (Odebrecht), ha sido anulada en segunda instancia.

La República pudo conocer que la Sala de Apelaciones Anticorrupción determinó que el juez que dictó la medida meses atrás, Jorge Chávez Tamariz, incurrió en varios defectos y decidió de manera “abstracta y genérica” el pedido de José Domingo Pérez. En consecuencia, dispuso que otro Juzgado revise el requerimiento del fiscal.

El equipo especial Lava Jato solicitó en enero de este año que se impongan 36 meses, pero en febrero, el juez Chávez Tamariz admitió en parte la petición dictando solo 8 meses. El tribunal señaló así que este magistrado “decidió sobre razones no expuestas por el fiscal, sino en las que él habilitó” y que hubo “ausencia de fundamentos del Ministerio Público”.

Documento que ordena una nueva audiencia para revisar el pedido contra José Nava Mendiola.

Ello porque en febrero, la fiscal adjunta que sustentó la medida contra José Nava no presentó las actividades que faltaban realizar durante el plazo que se dictara el impedimento de salida al investigado.

El tribunal cuestionó además que Chávez Tamariz haya fundamentado su decisión sobre la base de una sola diligencia “genérica” (una ampliación de pericia) y no sobre un listado específico de actividades que estén programadas por la Fiscalía. Asimismo, por resolver el pedido con información adicional que él mismo solicitó y no con el escrito presentado incialmente por la fiscal.

Otro de los errores que se señalan en el juez es que decidió resolver de forma separada el pedido de restricciones del de impedimento de salida del país. “No expuso razones que justifiquen tal proceder, más aún que la medida de impedimento de salida, tiene un trámite más célere, que la medida de comparecencia con restricciones”, indica el documento.

Sobre la base de todos estos argumentos, la Sala integrada por los jueces Rosa Saavedra, Víctor Enríquez y Yenni Magallanes anularon la decisión del juez Chávez Tamariz para ordenar que se realice otra audiencia de impedimento de salida contra los investigados José Nava Mendiola, Carlos Nava Guibert y Rodrigo Pérez-Albela Hernández y con otro juez con el fin de que ya no se afecten sus derechos.

Transportes Don Reyna

Se espera que el nuevo Juzgado que revise el pedido fiscal de 36 meses planteado inicialmente por José Domingo Pérez cumpla con todos los procedimientos para que no se anule la decisión. Es decir, que revise adecuadamente los fundamentos de la Fiscalía y resuelva las restricciones junto con la prohibición para viajar al extranjero, y ya no de forma aislada.

Asimismo, el requerimiento se mantendrá dirigido contra el hijo de Luis Nava Guibert, José Nava Mendiola; el hermano de aquel, Carlos Nava Guibert; y el extrabajador de la empresa Transportes Don Reyna, Rodrigo Pérez-Albela Hernández.

Según información fiscal, Nava Mendiola habría recibido US$471.302 procedente de la “Caja 2″ de Odebrecht, donde estuvo registrado con el codinome “Bandido” en sus registros de pagos ilícitos.

La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos en la familia Nava entre 2008 y 2014 por contratos que se efectuaron entre la empresa Transportes Don Reyna y el consorcio Conirsa (integrada por Odebrecht) para alquilar máquinas durante la construcción de los tramos 3 y 4 de la Interoceánica Sur.

Uno de los elementos que alega la Fiscalía para imponer restricciones a Nava Mendiola es la relación de este y su padre con Jorge Barata así como la existencia de un desbalance patrimonial de S/9.845.130 en las cuentas del primero, desde 1995 a 2017.

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