Fiscalía archiva denuncia por presunta organización criminal contra Cerrón, Vizcarra y otros
El Ministerio Público detalla que la Asociación de Litigantes del Perú y la Asociación de Justicia Litigante del Perú, autores de la acusación, “no señalan los hechos concretos” de la comisión del delito.
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La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad ha decidido archivar la denuncia por presunta organización criminal contra Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Jorge Luis Salas Arenas, Piero Corvetto, Daniel Salaverry, Guillermo Bermejo Rojas y otros 37 ciudadanos, en el marco de las Elecciones Generales 2021.
“(Esta Fiscalía dispone) no proceder a formalizar y continuar con la investigación preparatoria y, en consecuencia, el archivo liminar de la denuncia”, detalló el documento.
La justificación de lo actuado precisó que la denuncia interpuesta por la Asociación de Litigantes del Perú, representada por José Leopoldo Cabrera Flores, y Asociación de Justicia Litigante del Perú, representada por su presidenta Isela Daniela Palacios Yacila, “no señalan cuáles son los hechos concretos” de la comisión de los varios hechos imputados.
En esa línea, lo mencionados fueron denunciados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, el derecho de sufragio y la participación democrática en la modalidad de financiamiento prohibido de organizaciones políticas; así como lavado de activos, contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, peculado y presunta apología del delito de terrorismo.
La tesis de los denunciantes apuntó que el “cabecilla, líder y financista” de esta presunta organización criminal era el secretario general del partido Perú, Libre Vladimir Cerrón, quien habría utilizado a los imputados para inmiscuirse en el sistema electoral (ya que él está impedido de participar) para sabotear los comicios.
De esta manera, la acusación especifica el rol que cumpliría cada uno. Castillo, Vizcarra y Salaverry eran presuntos “operador político y financistas”, mientras que Salas y Corvetto serían el “brazo electoral”. A su turno, Bermejo sería el “lugarteniente y brazo armado” de la organización y los otros 37 cumplirían el papel de “lugartenientes regionales” o “cachacos”.
Denunciantes no sustentaron acusación
La entidad judicial sustentó en la resolución que no se presentaron fundamentos sobre lo imputado como para que se realice una indagación preliminar.
“Esta Fiscalía considera que no existe indicios razonables que acrediten la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado”, sentenció.
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