Congreso califica investigación preliminar fiscal como “vulneración a la inviolabilidad parlamentaria”

La Comisión de Constitución emitió un pronunciamiento sobre el inicio de la investigación fiscal por incumplir el mandato judicial de suspensión de la elección de magistrados para el TC.

La Comisión de Constitución, presidida por Luis Valdez Farias, expresó su rechazo a "todo acto que trasgreda las competencias" otorgadas a los diferentes órganos de rango constitucional. Foto: composición/La República
La Comisión de Constitución, presidida por Luis Valdez Farias, expresó su rechazo a "todo acto que trasgreda las competencias" otorgadas a los diferentes órganos de rango constitucional. Foto: composición/La República
Política LR

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República ha publicado un pronunciamiento sobre el inicio de la investigación preliminar de la Fiscalía por incumplir el mandato judicial de suspensión de la elección para el Tribunal Constitucional.

Según la comisión presidida por Luis Valdez, los acontecimientos recientes “lesionan el Estado de Derecho, el principio de separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo”. El referido grupo de trabajo también califica lo sucedido como un “intento de paralizar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional”.

En su primer punto, la comisión reafirma que el proceso de elección de los magistrados del TC es “competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República”. Para esto citan al artículo 201 de la Constitución. El mismo apartado agrega además que tal competencia “no puede ser menoscabada por funcionarios de los distintos poderes del Estado”.

En el siguiente punto, la Comisión de Constitución deja constancia de su rechazo a cualquier acto que “trasgreda las competencias que le han sido otorgadas a los distintos órganos de rango constitucional”, como el inicio de las indagaciones preliminares.

La comisión reafirma en su penúltimo inciso su posición con respecto a que los congresistas “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Valiéndose de esto, la labor del Ministerio Público representa para el Legislativo “una vulneración al principio de inviolabilidad parlamentaria”. De acuerdo con el comunicado, también se vulnera el artículo 99 de la carta magna, el cual garantiza el fuero parlamentario.

Por último, se deja en claro que los congresistas no han sido emplazados como demandados ni forman parte de algún proceso que impida el libre ejercicio de sus atribuciones parlamentarias.

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