Congresistas quieren dejar un Tribunal Constitucional de acuerdo a sus intereses

Diversos especialistas advierten que los congresistas que impulsan la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) buscarían que este organismo, máximo intérprete de la Constitución, quede a la medida de sectores que apuntan a mantener cuestionadas leyes y hasta bloquear a un próximo gobierno de Pedro Castillo.

Para este miércoles 7 y jueves 8, el Congreso ha agendado el debate sobre la elección de nuevos magistrados del TC. Pese a varios cuestionamientos, la mayoría de los parlamentarios ha insistido en su intención de reemplazar a jueces intérpretes de nuestra Constitución.

De los siete integrantes del Pleno del TC, seis pueden ser cambiados porque ya superaron el periodo que originalmente les correspondía. Estos seis magistrados son Marianella Ledesma —actual presidenta—, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Sardón.

Votos e intereses

Para elegir a cada magistrado del TC, se necesitan al menos 87 votos a favor en el Congreso. Es decir, un respaldo de más de dos tercios del Poder Legislativo.

En un cuestionado proceso han quedado 15 candidatos para esta fase final. En los primeros puestos hay abogados con perfiles conservadores y ciertas cercanías a apristas y fujimoristas.

Diversos especialistas advierten lo que está en juego en esta elección y vislumbran escenarios perjudiciales para el país.

“Quienes están en un plan B de tentar sacar del poder a (Pedro) Castillo tan pronto les resulte factible, no solo con vacancia sino ensayar una nulidad de elecciones, necesitan un TC que les pueda avalar esto”, dice Walter Albán, integrante del consejo directivo de Proética, exministro y ex defensor del Pueblo.

“Necesitan un TC a la medida. Lo aseguran con un concurso plagado de irregularidades. Los finalistas se autodescalifican al continuar en un concurso de esta naturaleza”, añade.

Albán considera que también hay afán de impunidad porque buscarían frenar procesos anticorrupción de los casos de Lava Jato y Cuellos Blancos.

“Y hay procesos abiertos por lo ocurrido en el interinato de Merino. Necesitan un TC que garantice impunidad. También el comportamiento irregular que ha tenido este Congreso puede generar responsabilidades. Por eso a los candidatos les hacían preguntas más sobre cuánto podrían confiar en ellos”, anota.

Destacó que los congresistas José Luna, de Podemos, y José Vega, de UPP, que evaluaron a los candidatos a magistrados, están involucrados en casos judiciales que pueden llegar al TC.

Además, aseveró que un sector de Acción Popular está vinculado a intereses económicos que tienen procesos ya en el TC.

“La locomotora de quienes quieren la elección a como dé lugar es el grupo de Acción Popular, donde está Burga. Hay intereses millonarios de tributos en juego, por ejemplo que tienen que ver con Raúl Diez Canseco, los intereses en universidades o centros educativos”, mencionó.

La constitucionalista Úrsula Indacochea, directora de Fundación para el Debido Proceso (DPLF, Washington), considera que los casos más relevantes en juego en este momento son la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura, que podría generar la nulidad de todo lo que se apruebe en ella; la acción de amparo que solicita la nulidad del proceso electoral; y el hábeas data sobre la lista de electores.

“Pero no solo hay que pensar en términos de los casos ya presentados. Podrían presentarse otros igualmente relevantes en las próximas semanas, especialmente vinculados a la proclamación presidencial, sanciones de la Junta Nacional de Justicia a fiscales supremos, etc.”, señala.

Asimismo, Indacochea recuerda que también está en manos del TC la inconstitucionalidad de la ratificación de jueces y fiscales de todos los niveles.

El abogado Ernesto de la Jara, profesor de la Universidad Católica (PUCP) y exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), resalta que el TC tiene un gran poder porque nada se puede escapar del control de constitucionalidad que está en su fuero.

Cuestiona el proceso de elección del Congreso también por sus resultados, donde lidera la lista de candidatos el exmagistrado del TC Fernando Calle.

“Calle fue parte de decisiones escandalosas que pusieron al TC por los suelos. Votó a favor de Wolfenson y Alfredo Jalilie, y contra reclamos sobre la matanza del Frontón, que tenía ya sentencia favorable de la Corte Interamericana. También estuvo con el voto que quebró la jurisprudencia del TC en contra del narcotráfico y el lavado de activos, lo que sirvió para que el Poder Judicial archive la investigación fiscal a los Sánchez Paredes”, dice.

Asimismo, resalta que los congresistas tienen un conflicto de intereses en esta elección en camino porque el TC tendrá que revisar acciones de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el actual Parlamento.

“Están eligiendo a quienes van a resolver leyes controversiales que han dado, con intereses muy concretos. Hay siete acciones de inconstitucionalidad y puede haber más por lo que aprueben en esta cuestionada cuarta legislatura”, menciona.

La ley que elimina el régimen CAS o la norma que establece la formalización de los taxis colectivos serán vistas por el TC. Son algunos de los casos.

También puede llegar al TC la acción de amparo de Javier Villa Stein en busca de anular la segunda vuelta presidencial.

El abogado constitucionalista Luciano López, profesor de las universidades Católica y San Martín de Porres, anunció que prepara una demanda de amparo contra la elección de magistrados del TC que el Congreso alista.

“Esta elección ha sido irregular y se está realizando dentro de una cuarta legislatura, que es absolutamente inconstitucional, entonces todo este procedimiento está viciado”, dice López, quien presentó una demanda contra esta legislatura.

Ruiz: “No elegirlos ahora prolongaría la informalidad

”El congresista Rolando Ruiz, presidente de la comisión de selección del TC, alega que no elegir a los miembros en estos momentos “prolongaría la informalidad en el país” y que “lo mínimo que puede hacer este Congreso es dejar eligiendo al TC”.

”A muchos peruanos no les gusta la meritocracia. Nosotros tratamos de orientar nuevamente al país a la formalidad en sus instituciones”, dijo en RPP.

Sobre los cuestionamientos a los candidatos al TC, incluso vinculados a casos judiciales, Ruiz adujo que el Congreso “tiene todos los documentos a la mano para elegir” a quienes considere adecuados.

Reacciones

Walter Albán, Proética

“Necesitan un TC a la medida. Lo aseguran con un concurso plagado de irregularidades. Los finalistas se autodescalifican al continuar en un concurso de esa naturaleza”.

Úrsula Indacochea, DPLF

“No solo hay que pensar en casos ya presentados. Podrían presentarse otros relevantes, especialmente vinculados a la proclamación presidencial o sanciones de la JNJ a fiscales”.

Ernesto de la Jara, abogado, PUCP

“Están eligiendo a quienes van a resolver leyes controversiales que han dado, con intereses muy concretos. Hay siete acciones de inconstitucionalidad y puede haber más”.

Luciano López, abogado constitucionalista

“Esta elección ha sido irregular, y se está realizando en una cuarta legislatura, que es absolutamente inconstitucional, entonces todo este procedimiento está viciado”.

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