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SAC aprueba informe final de denuncia constitucional contra Edgar Alarcón

De manera unánime, el grupo de trabajo parlamentario admitió el informe que recomienda acusar al congresista suspendido por la presunta comisión del delito de peculado doloso.

Alarcón fue suspendido de su labor congresal el último abril. Foto: composición/La República
Alarcón fue suspendido de su labor congresal el último abril. Foto: composición/La República
Política LR

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el congresista suspendido de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de peculado doloso.

Con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el grupo de trabajo parlamentario, presidido por el legislador de Acción Popular Carlos Pérez Ochoa, decidió aprobar el informe que recomienda acusar a Alarcón Tejada en su condición de ex contralor general de la República.

Durante la sustentación del informe final de este caso, por parte del congresista Franco Salinas, se recomendó que se acuse de manera constitucional al parlamentario suspendido de UPP por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de peculado doloso por apropiación agravada, tipificado en el artículo 387 del Código Penal.

Esta denuncia fue planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y se da en base a un informe del órgano de control institucional de la Contraloría General de la República, donde señalan que cuando el parlamentario trabajó en la entidad autorizó pagos por servicios no prestados.

Según el Ministerio Público, el daño que habría ocasionado al Estado con esta acción llegaría a la suma de S/ 490.877, los cuales se dividen en S/ 32.417 en pagos con recursos de caja chica y S/ 458.460 con emisión de comprobantes de pago.

Fiscalía ya investiga a Alarcón

Esta no es la única denuncia contra el expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pues el último 16 de abril, el pleno del Parlamento decidió suspenderlo de sus funciones y derechos como legislador por haber cometido el presunto delito de enriquecimiento ilícito, también en su condición de excontralor.

Después de la medida tomada por el Legislativo, la fiscal de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el suspendido congresista de UPP, la que tendrá un plazo de ocho meses, de conformidad al Código Procesal Penal.

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