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PJ suspende a juez que anuló sentencias por corrupción a Vladimir Cerrón

Doris Aguirre

Decisiones. La Corte Superior de Huancavelica revisará hoy fallo que favoreció a Cerrón. Foto: difusión
Decisiones. La Corte Superior de Huancavelica revisará hoy fallo que favoreció a Cerrón. Foto: difusión

Duro revés. Magistrado Alaín Salas Cornejo ocultaba en su computadora texto original que no era de su autoría y que le sirvió para redactar fallo que benefició a líder de Perú Libre.

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Un equipo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que intervino en el despacho del juez de Acobamba, Alaín Salas Cornejo, encontró en su computadora un documento de autor desconocido que este usó como base para redactar la resolución con la que anuló dos sentencias por corrupción contra el exgobernador regional de Junín y presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

De acuerdo con la auditoría que inició la OCMA, el magistrado Alaín Salas, en lugar de actuar como juez constitucional -que es lo que le correspondía-, lo hizo como un juez ordinario y otorgó el hábeas corpus en beneficio de Vladimir Cerrón, dejando sin efecto las condenas en primera y segunda instancia por negociación incompatible contra este, que incluía una pena suspendida de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por estos hechos que acreditan una conducta irregular, la jefa de la OCMA, la jueza suprema Mariem de la Rosa Brediñana, dispuso la suspensión preventiva del cargo del magistrado Alaín Salas Cornejo.

Una de las razones de la aplicación de la drástica medida de la OCMA, según el comunicado de dicha instancia, “es para evitar la continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar significación, o el mantenimiento de los daños ocasionados a la administración de justicia del Poder Judicial”.

La OCMA sostiene que el juez Alaín Salas Cornejo vulneró el deber de imparcialidad, al otorgar sin fundamento el hábeas corpus para Vladimir Cerrón.

Después de un largo proceso, el 5 de agosto del 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo condenó a Cerrón por negociación, puesto que siendo gobernador regional de Junín (2011-2014) favoreció a la empresa contratada para la habilitación de un sistema de agua potable en La Oroya.

Luego, el 18 de octubre del mismo año, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín confirmó la sentencia que también comprende el pago de una reparación civil de 850.000 soles.

En un intento por revocar el fallo que lo inhabilitaba para ejercer la función pública, Vladimir Cerrón recurrió a la Corte Suprema. Pero el 17 de abril de este año, en pleno proceso electoral, la Sala Penal Transitoria de la Suprema desestimó la acción del líder de Perú Libre y confirmó la condena.

Ante la eventualidad del triunfo del candidato de su partido, Pedro Castillo, Cerrón comprendió que no sería parte del gobierno mientras siguiera vigente la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que presentó un hábeas corpus ante el juez de Acobamba, Alaín Salas Cornejo, para anular las sentencias.

Y así, el 9 de junio de este año, el magistrado Cornejo otorgó el hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón, con lo que se le restituyó la habilitación para ejercer funciones públicas.

Sin embargo, la decisión del juez de Acobamba desató una ola de escándalo que sacudió el Poder Judicial. Como consecuencia, en menos de 48 horas, el 11 de junio el procurador público del Poder Judicial presentó una apelación contra la sentencia de Alaín Salas Cornejo ante la Corte Superior de Huancavelica. Hoy 25 de junio, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Huancavelica revisará el caso.

La decisión de la OCMA de suspender provisionalmente al magistrado Alaín Salas Cornejo, por haber favorecido a Vladimir Cerrón, sin ninguna duda influenciará en la Corte Superior de Huancavelica, que decidirá si concede la apelación a la Corte Suprema.

El caso La Oroya que persigue a Cerrón

En 2015, la Contraloría General de la República emitió una auditoría que detectó que el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón aprobó sin sustento e ilegalmente la ampliación del plazo de la entrega de la obra de agua potable de La Oroya y el incremento de desembolsos para la empresa contratista, Consorcio Altiplano.

La obra de 36,9 millones de soles había sido adjudicada al mencionado consorcio, compuesto por BM3 Obras y Servicios, Avanzada Tecnología y Servicios, y Vías y Construcciones Perú.

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