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Juez evalúa prisión para Keiko Fujimori este lunes

Solicitud del fiscal José Domingo Pérez para variar las restricciones de la acusada Keiko Fujimori por detención preventiva se discutirá a partir de las 3.00 p. m.

La acusada Keiko Fujimori encabezó también, sin éxito, múltiples pedidos para anular votos y obtener irregularmente a la presidencia del país. Foto: Carlos Félix/La República
La acusada Keiko Fujimori encabezó también, sin éxito, múltiples pedidos para anular votos y obtener irregularmente a la presidencia del país. Foto: Carlos Félix/La República
Alonso Collantes

El juez Víctor Zúñiga Urday tiene nuevamente en sus manos la facultad de ordenar o no prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles (Odebrecht) en contra de la aún candidata presidencial.

La audiencia donde debatirán el fiscal José Domingo Pérez y la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, será este lunes a las tres de la tarde de manera virtual por el contexto de la pandemia, como se ha venido realizando desde hace más de un año por seguridad y protocolos dictados por el Poder Judicial.

Tal como informó días atrás La República, el fiscal Pérez requirió específicamente que se varíen las limitaciones que cumple la acusada por lavado de activos y otros delitos desde abril de 2020 por la medida más grave: la prisión preventiva. Ello atendiendo a que habría incumplido una regla de conducta.

“Se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles 9 de junio] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero político de la persona jurídica incorporada al proceso, Fuerza Popular”, reza el escrito del equipo especial Lava Jato.

El fiscal también alertó que no es la primera vez que Keiko incumple dicha restricción, pues en mayo y junio del 2020, poco después de su excarcelación, ya se le había exhortado a que cumpla lo dictado entonces por la Segunda Sala de Apelaciones.

Este tribunal indicó que las reglas eran de cumplimiento obligatorio bajo riesgo “de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público”.

Pérez cumplió con este procedimiento, enviando su pedido de prisión preventiva al juez Víctor Zúñiga Urday, quien fijó poco después de la segunda vuelta electoral la audiencia para este lunes por la tarde.

Aunque en una conferencia posterior, Keiko Fujimori y su equipo electoral indicó que Miguel Torres no era un testigo, este sí declaró ante el despacho del fiscal Pérez en septiembre de 2020 por el caso de los aportes ilícitos de Odebrecht y otros empresarios a Fuerza Popular en 2011 y 2016. La discusión legal de hoy se centrará en este punto y en si Fujimori incumplió o no dicha regla de conducta.

Pedido de la defensa

En la víspera, Giulliana Loza publicó en sus redes sociales que solicitó al juez Zúñiga que la audiencia de esta tarde sea presencial.

“Si bien nos encontramos en estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus, es importante garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa, más aún, cuando se encuentra en debate la restricción de un derecho fundamental como es la libertad de mi patrocinada”, se indicaba en al escrito dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Keiko Fujimori está acusada por los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción ala justicia y falsa declaración, al igual que otras 41 personas. La hija del exdictador Alberto Fujimori también enfrenta un pedido formal de 30 años y 10 meses de prisión que podría cumplir tras un juicio oral.

Hasta el momento, tanto la lideresa de Fuerza Popular como su esposo Mark Vito y otros involucrados están a la espera de que se inicie la etapa previa al juzgamiento: el control de acusación, que puede tardar alrededor de un año y medio o dos.

Por otra parte, es la tercera vez que Keiko Fujimori enfrenta un pedido de prisión preventiva. La primera vez fue aprobada en su contra esta medida por el juez Richard Concepción Carhuancho en 2018; y la segunda por el juez Zúñiga a inicios de 2020 por el plazo de 15 meses.

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