PJ anula resolución que rechazó propuesta de Kenji para pagar caución con inmueble
El excongresista afronta un proceso por la presunta compra de votos en el 2017, con la que habría ofrecido obras para las regiones de los parlamentarios que no apoyaban la vacancia de PPK.
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La resolución que declaró improcedente la propuesta del excongresista Kenji Fujimori, sobre pagar caución de 50.000 soles con inmueble de San Borja, fue declarada nula por el Poder Judicial.
Esto, en el marco del caso Mamanivideos. Kenji afronta un proceso en su contra por la presunta compra de votos de los legisladores en el 2017, a quienes habría ofrecido obras para sus regiones si no favorecían la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En esa línea, la causa fue remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por orden de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a fin de que se evalúe nuevamente la solicitud del hermano de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
La misma sala en mención confirmó el fallo que declinó la propuesta de los excongresistas investigados por cohecho y tráfico de influencias Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes también ofrecieron inmuebles como garantía real en pago de caución.
Como se informó, Kenji Fujimori había solicitado a un tribunal de jueces supremos que se acepte su pedido de entregar provisionalmente un inmueble en San Borja a cambio de no pagar S/ 50.000 de caución.
Del mismo modo, el exparlamentario Toledo ofreció un inmueble en Lima valorizado en 30.000 soles, pero fue rechazado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Kenji podría recibir 12 años de cárcel por presunta compra de votos
La Fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel y 183 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público para el hijo del expresidente Alberto Fujimori por el caso Mamanivideos; así también, para los involucrados, el excongresista Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo Vallejos
En esto también estaría vinculado el exlegislador Guillermo Bocángel Weydert, para quien el Ministerio Público solicita 11 años de cárcel y 172 meses de inhabilitación en cargo público.
El juez supremo de investigación preparatoria del Poder Judicial, Hugo Núñez Julca, declaró procedente en diciembre del 2020 pasar a juicio oral contra los exparlamentarios en mención.
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