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Juez evaluará prohibición para difundir encuestas

Recurso. Profesores y estudiantes de derecho constitucional esperan que el Poder Judicial tome una decisión que se aplique al actual proceso electoral para evitar la desigualdad informativa.

Elige Bien. La demanda busca que los electores no se expongan a las noticias falsas que genera la prohibición de difundir encuestas una semana antes de votar. Foto: difusión
Elige Bien. La demanda busca que los electores no se expongan a las noticias falsas que genera la prohibición de difundir encuestas una semana antes de votar. Foto: difusión
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César Romero

Proteger el derecho a la información y el derecho a acceder a esa información en igualdad de condiciones es la demanda de amparo que un grupo de profesores y alumnos de derecho constitucional de la Universidad Católica del Perú han presentado para pedir la inaplicación de la norma que prohíbe la difusión de encuestas la semana previa al 6 de junio.

La prohibición para difundir encuestas en la semana previa al proceso electoral está prevista en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859. La demanda fue presentada el 21 de mayo y será resuelta por el juez David Suárez Burgos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima.

Si la demanda es acogida, la inaplicación de la prohibición puede aplicarse de inmediato o para el proceso de elecciones regionales y municipales.

Los demandantes explican que la norma legal que impide difundir encuestas en la semana previa a las elecciones no prohíbe que estas se realicen, lo que permite su difusión entre un pequeño grupo de privilegiados: políticos, periodistas, líderes de opinión, empresarios. Además, que se difunde en el exterior, por lo que las personas que tienen fácil acceso a internet pueden verlas.

De esta manera, “gran parte de la población, por lo general, la que menos acceso tiene a recursos y medios de comunicación e información, son expuestos a noticias falsas intentando manipular el sentido de su voto”. La prohibición de encuestas genera dos tipos de ciudadanos, los que sí pueden acceder y los que no tienen ese privilegio.

Igualmente, se indica que las normas de prohibición de difundir encuestas durante un tiempo previo a un proceso electoral son cada vez más escasas en el mundo.

Por el contrario, precisa la demanda, “la tendencia demuestra una mayor comprensión de la relación existente entre la publicación de encuestas y el fortalecimiento de un sistema de toma de decisiones basado en información de calidad que ha podido ser garantizada por las autoridades electorales”.

“Un vistazo a las democracias del mundo revela que ninguna prohíbe la publicación de encuestas durante las campañas electorales. Por el contrario, son parte del paisaje electoral y las siguen por igual votantes y partidos políticos, además de los medios de comunicación que las financian y divulgan”, subrayan.

Se recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema de las encuestas, al declarar inconstitucional una norma que prohibía la difusión de encuestas a boca de urna, una vez que se cerraban las mesas electorales.

En este contexto, se le pide al juez que tome una decisión que alcance al actual proceso electoral.

Igualdad

Internet. Solo el 24,9% de la población cuya lengua materna no es el castellano cuenta con internet en el 2019. La desigualdad es todavía mayor para los que viven en provincias, con un 48,2 de acceso, frente a un 76% para los que residen en Lima metropolitana.

La demanda

Hoy nada justifica que se prohíba la difusión de encuestas y, al contrario, eso expone al ciudadano a mala información.

La prohibición es perniciosa para el elector

Pedro P. Grández Castro, constitucionalista

El artículo de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) que prohíbe la publicación de encuestas durante la última semana antes de las elecciones es una norma anticuada que restringe el derecho a la igualdad en el acceso a la información sobre las encuestas en una semana decisiva.

Es discriminatoria porque es sabido que los líderes de opinión, periodistas, líderes de partidos políticos y empresarios tienen acceso a las encuestas que no se dejan de hacer, sino que simplemente no se publican formalmente. Como existen, circulan informalmente y, de este modo, la norma logra el efecto contrario al que se propone como justificación: los electores quedan sometidos a rumores y fake news, encuestas falsas y una serie de estrategias y artimañas de las agrupaciones en contienda.

El resultado es pernicioso en todo sentido. Daña la credibilidad de las instituciones electorales, los electores son sometidos a información falsa y sin control, las propias encuestadoras ya no pueden validar sus datos en el momento más relevante frente a los propios electores y terminan desprestigiadas cuando los resultados contradicen sus últimos sondeos publicados.

Puesto que se trata de una limitación de derechos básicos: igualdad, acceso a información, voto libre, etc., resulta indispensable preguntarse si existen bienes o valores que legitimen que el Estado restrinja de esta manera el derecho de los ciudadanos. La carencia de fundamentos jurídicos y prácticos ha impulsado una serie de iniciativas legales para terminar con la prohibición. Desde la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que encabezó el Dr. Fernando Tuesta, pasando por una serie de proyectos de ley que esperan agenda en el Legislativo. Todos abogan por derogar la prohibición, pero sin resultados concretos a la fecha.

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