Marcelo no regresará a alcaldía de Trujillo tras ratificación de sentencia

Última acción de suspendido burgomaestre sería un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.

Es acusado por sobrecosto en alquiler de baños químicos durante El Niño Costero en 2017. Foto: La República
Es acusado por sobrecosto en alquiler de baños químicos durante El Niño Costero en 2017. Foto: La República
Diego Paz

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Trujillo ratificó la condena de 4 años y 8 meses de prisión contra el suspendido alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto y sus coacusados. A ellos se les imputa el haber sobrevalorado el alquiler de baños químicos durante el fenómeno de El Niño Costero.

La medida fue dada por unanimidad por parte de los magistrados, por lo que queda descartado el regreso de Marcelo a la alcaldía de Trujillo debido a su condición legal.

Por el momento, la exautoridad de Alianza para el Progreso (APP) se encuentran con orden de captura y es buscado por la Policía. A la fecha, van siete meses que se encuentra prófugo de la justicia.

Esta ratificación ya había sido advertida por la fiscal a cargo del caso, Celia Goicochea, y la procuradora pública Anticorrupción de La Libertad, Karina Rubi Núñez Romero, quienes consideraron que existían las pruebas suficientes para que Marcelo y los acusados sean condenados.

En ese sentido a Marcelo Jacinto solo le quedaría una opción: presentar un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con La República, el abogado Alfredo Galindo ya había alertado sobre esta posibilidad, por lo que sostuvo que de presentarse este nuevo proceso podría tardar cerca de seis meses, tiempo en el que Marcelo podría seguir prófugo.

Caso y acusados

Durante el 2017, Marcelo era el titular de la comuna distrital de La Esperanza y, según el informe fiscal en su gestión, se dio el alquiler de cinco baños químicos por la suma de S/ 78.000; es decir, S/ 500 diarios por este servicio cuando en el mercado el precio era de S/ 14.

Junto con Marcelo Jacinto, son coacusados José Martínez Ulloa (exgerente general de la comuna esperancina), Liz Miranda (subgerenta de Logística) y Lourdes Quezada (a cargo del área de Adquisiciones).