Vásquez: “En este país, nadie debe gobernar para privilegiarse a sí mismo”

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se manifestó respecto a la inhabilitación del expresidente de la República Martín Vizcarra por haberse vacunado de manera irregular contra la COVID-19.

Vásquez enfatizó en que nadie debe gobernar para su propio privilegio ni aprovecharse de su cargo, pues aseguró que lo más importante debe ser el país.

“Estos procesos, donde se sancionan a altos funcionarios que han tenido bajo su responsabilidad la dirección del país, tienen que dar un mensaje muy claro: en este país nadie debe gobernar para privilegiarse a sí mismo. Quien gobierna, tiene que tener claro que la prioridad tiene que ser el país y nadie puede aprovecharse del cargo”, expresó en Cuarto Poder.

“En este momento tan delicado, no puede ser que un presidente de la República haya utilizado su cargo para beneficiarse a sí mismo y a su familia”, agregó.

Asimismo, la titular del Parlamento explicó a qué se debe la diferencia en la cantidad de años que fueron inhabilitados de la función pública Martín Vizcarra y las exministra Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, entorno al caso Vacunagate.

Indicó que un criterio para establecer los grados de sanción es el cargo, debido a que nos es lo mismo ser un presidente que una ministra. Además, resaltó las circunstancias, ya que han valorado mucho cómo respondieron cada una de las autoridades frente al tema.

“Vizcarra no solamente negó, sino que muchas veces ha generado una serie de informaciones y ha beneficiado y ha promovido la vacunación de su familia. En el caso de las ministra, también se ha valorado las actitudes que han tenido. La ministra Mazzetti estuvo en el Parlamento y le mintió dos días antes de que se descubras esto y en el caso de Astete, ella ha tenido una conducta más transparente”, expresó.

Vásquez sobre caso Alarcón

Durante la misma conversación, Mirtha Vásquez se refirió a la suspensión del congresista de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón, tras la aprobación de la denuncia constitucional en su contra.

“Era un caso emblemático, tenía cuatro años desde que lo suspendieron, desde que lo sacaron como contralor y por diferentes razones el anterior parlamento no procesó y no hizo la denuncia como correspondía”, explicó.

“No hemos violado principio de legalidad. Hemos tratado de hacer lo más garantistas posibles. (...) Llevamos 38 días tratando de llevar esta diligencia y no podíamos aceptar más dilaciones”, añadió.

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