Abren investigación a Domingo Pérez por no cumplir diligencias en caso Cócteles

Alonso Collantes

Fiscal Domingo Pérez presentó acusación en marzo contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros involucrados por el caso Odebrecht. Foto: difusión
Fiscal Domingo Pérez presentó acusación en marzo contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros involucrados por el caso Odebrecht. Foto: difusión

El fiscal José Domingo Pérez deberá presentar sus descargos en los próximos días ante la oficina de Control Interno del Ministerio Público.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público ha abierto esta mañana una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez, a raíz de una queja presentada un mes atrás por el partido fujimorista Fuerza Popular.

Según el documento al que accedió La República, el fiscal de lavado de activos incurrió en cinco infracciones administrativas el 11 de marzo, día en que presentó formalmente su acusación contra 42 personas, incluyendo a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, la empresa MVV Bienes raíces y el partido Fuerza Popular por el caso Cócteles (Odebrecht).

En primer lugar, acorde a la defensa legal de la organización que lidera Keiko, Pérez fue en contra del principio de objetividad y del debido proceso cuando presentó su acusación ante el Poder Judicial sin antes haber incluido en la carpeta fiscal “los videos de las diligencias virtuales realizadas, no precisando cuántos tomos tiene exactamente” o si esta se encontraba “totalmente foliada”.

Lo principal, sin embargo, radicó en que el fiscal del equipo especial Lava Jato no cumplió con tomar las declaraciones de cuatro testigos el 11 de marzo último, programadas con anterioridad para ser realizadas desde las 8.00 a. m. hasta las 12.00 p. m.

Captura de la resolución de Control Interno.

Captura de la resolución de Control Interno.

Captura de la resolución de Control Interno.

Pérez también habría faltado “a la presunción de inocencia, el derecho a defensa y derecho a la prueba” al no haber programado las diligencias de toma de declaración de testigos, cuya reserva había sido levantada, ni haber respondido al pedido de Fuerza Popular de envío de copias de la carpeta fiscal.

“Al analizar la fundamentación fáctica que ha sido expuesta en el párrafo anterior y a fin de verificar los indicios o presupuestos relatados con el objeto de comprobar la existencia de presuntas faltas disciplinarias en el ejercicio de la función fiscal por parte de José Domingo Pérez Gómez, considera necesaria la apertura de la indagación preliminar respectiva en su contra”, rezó el documento que llevaba la firma de la fiscal superior Silvana Rejas Cevasco.

A partir de este 15 de abril, el fiscal José Domingo Pérez tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima.

Decisión de Control Interno contra José Domingo Pérez.

La República consultó a Elio Riera, abogado de Fuerza Popular que presentó la queja contra Pérez. “Por el momento, la defensa técnica del Partido Fuerza Popular no dará declaraciones. Somos respetuosos del principio de legalidad y esperaremos una respuesta oportuna del Órgano de Control Interno en salvaguarda del derecho al debido proceso”, indicó.

Acusación en espera

En marzo, el fiscal Pérez pidió 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por lavado de activos y otros delitos. También enfrentaría una misma pena el “núcleo duro” de la presunta organización criminal: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del millón de dólares que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011; José Chlimper; y Adriana Tarazon también figuraron como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

Para Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y coprocesada por obstrucción a la justicia, se pidió 6 años y 6 meses de prisión. En cambio, contra Mark Vito, cónyuge de Fujimori, fue solicitada la pena de 22 años y 8 meses de cárcel efectiva.

Keiko Fujimori junto a su abogada Giuliana Loza. Foto: difusión

El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolución y consecuente liquidación, como se solicitó anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.

Los delitos contemplados contra los 42 acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.

Hasta el momento, no hay fecha para que el juez Víctor Zúñiga programe una audiencia por las sucesivas recusaciones (intentos por apartarlo del caso Cócteles) en su contra.

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