TC evaluará demanda contra ley de taxis colectivos este miércoles 31

El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este miércoles 31 de marzo la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley de formalización de taxis colectivos, aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2020.

De acuerdo a la publicación en la página web de la entidad, la sesión fue programada el último martes. Se precisa que los magistrados se reunirán de forma virtual en la audiencia que iniciará a las 9.30 a. m.

El recurso fue interpuesto por el procurador especializado del Estado en materia constitucional, Luis Huerta, al considerar que la Ley N.º 31096 es inconstitucional y peligrosa, y al señalar que el Parlamento no tiene la función de determinar qué tipo de transporte se usa. Además, califica como peligroso que los taxis colectivos puedan realizar viajes interprovinciales.

La demanda de inconstitucionalidad fue admitida a trámite el pasado 11 de febrero, y se eligió como ponente a Eloy Espinosa-Saldaña, quien en conversación anterior con La República precisó que la demanda cumple con los requisitos formales para que continúe el proceso.

La audiencia es programada luego de que el Legislativo haya dados sus argumentos por el recurso interpuesto en su contra. La entidad parlamentaria tenía el plazo de 30 días hábiles para contestar la misma.

Una vez que se realice la audiencia pública, se llegará a acuerdos para dictar una sentencia que puede declarar procedente o no la demanda contra la ley que favorece a los colectiveros. Los magistrados informaron que tratarán de debatir el caso con celeridad al tratarse del análisis de una situación emblemática, como es la seguridad en el transporte de las personas.

¿Qué argumenta el Gobierno contra ley de taxis colectivos?

La demanda fue presentada ante el TC el 9 de febrero. Esta pide que la ley aprobada por los congresistas sea declarada inconstitucional, por lo que perdería el efecto dado ante su promulgación en diciembre de 2020.

El documento señala que la norma afecta cinco artículos de la carta magna referidos a los derechos de la salud, a la protección de los usuarios, al ambiente equilibrado y adecuado, a la defensa de la persona y su dignidad, y a la vida e integridad.

“Durante todo el procedimiento parlamentario que dio origen a la ley, el Ejecutivo manifestó los peligros de la norma respecto a los derechos de las personas. Corresponde ahora pronunciarse al Tribunal Constitucional al respecto”, resaltó el procurador Huerta en el recurso.

El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el pasado 11 de diciembre de 2020 la ley que permite la circulación de los taxis colectivos en el ámbito nacional e interregional, a pesar de la oposición del Poder Ejecutivo. Se excluye a las circunscripciones de Lima Metropolitana y el Callao.

La iniciativa fue de Fuerza Popular desde el Parlamento disuelto, y continuada en el actual periodo legislativo por diferentes bancadas, principalmente promovida por la de Acción Popular.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones calificó el servicio como de alto riesgo, debido a que pueden ocasionar accidentes en las carreteras del país, y ser una fuente de propagación de contagio de la COVID-19. Esta posición ha sido confirmada por otras instituciones especializadas en transporte.

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