Informe demuestra que denuncia contra Alarcón por peculado es contundente

Diego Quispe

Alarcón tiene tres denuncias constitucionales en el Congreso: enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho. Ninguna ha sido aprobado todavía. Foto: La República
Alarcón tiene tres denuncias constitucionales en el Congreso: enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho. Ninguna ha sido aprobado todavía. Foto: La República

Así lo aseguró el congresista de Acción Popular, Franco Salinas, quien es el ponente en este caso. Salinas presentó el expediente de hechos este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El excontralor deberá ser convocado a responder por ello.

Edgar Alarcón, excontralor y congresista de Unión por el Perú (UPP), tendrá que responder por la denuncia constitucional de presunto peculado doloso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).

El parlamentario y vocero de Acción Popular (AP), Francisco Salinas, presentó este lunes el informe de hechos de este caso. “Es un informe de pertinencia de pruebas (...). El caso es contundente”, respondió Salinas a La República.

El expediente sostiene que existen suficientes elementos para continuar la indagación ante la Subcomisión.

En febrero del año pasado, la Fiscalía de la Nación reveló que Alarcón Tejada autorizó pagos fantasmas por S/ 463 mil cuando era Contralor General de la República.

Se trata de un desembolso millonario realizado en la gestión de Alarcón a una red de trabajadores por distintos servicios nunca realizados. El Ministerio Público considera que el congresista de UPP lideró una red de funcionarios involucrados en este ilícito.

El expediente de Salinas recapitula los fundamentos presentados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos: “En el informe de auditoría se determinó, entre otras observaciones, que el denunciado Edgar Alarcón Tejada, en su condición de Gerente Central de Operaciones de Gerente de Auditoría Especializada, Vicecontralor y Contralor General de la República, autorizó diversos pagos por servicios no prestados a la CGR, con cargo a los fondos de caja chica central por el importe de S/ 32, 417.39 y mediante la emisión de comprobantes de pago, por la suma de S/ 458, 460.56″.

Según estos elementos presentados por el Ministerio Público, el accionar de Alarón generó un “perjuicio económico a la entidad (la Contraloría) por un monto total de S/ 490877.95″.

El informe, por ende, considera la pertinencia de las pruebas e indicios alegados por la Fiscalía.

“Se admiten todos los medios probatorios señalados por el denunciante (...) Además, debe tenerse en consideración que los medios probatorios admitidos guardan relación con los hechos expuestos en autos; por consiguiente, resultan pertinentes e idóneos su admisión a fin de proseguir con la presente investigación”, sostiene el documento.

El próximo paso es que la Subcomisión cite a Alarcón a responder por estas imputaciones. El legislador de UPP se encuentra con descanso médicos por estar enfermo de COVID-19. Días antes de la votación de su denuncia por enriquecimiento ilícito en el pleno del Congreso, el excontralor alegó estar infectado. Así se excusó.

Ya son dos denuncias constitucionales que están a la espera de ser resueltos. Existe una más por cohecho, que aún no tiene ponente elegido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Informe de hechos presentado por Franco Salinas (AP)

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