César Sahuanay: “Vamos a duplicar los juzgados y agilizar las audiencias para tener sentencias”

El presidente de la Corte Superior Penal Nacional, César Sahuanay, ofreció por primera vez una entrevista sobre la labor de este sistema. Reconoce demora en los juicios por violación de derechos humanos y en el control de acusación. Anuncia que se duplicarán los juzgados y se agilizaran las audiencias, como en el caso Fujimori.

¿Cómo llegó a la Corte Superior de Justicia Nacional?

Llegué el 2015, nombrado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) con un cargo administrativo y jurisdiccional. Me designan para implementar el Código Procesal Penal, es decir, construir la sala y trabajar allí.

¿Dónde se encontraba?

En la Corte Superior de Lima Sur. El 2013 logramos implementar el nuevo Código Procesal Penal con ayuda de la municipalidad de Chorrillos, sin generar gasto al PJ. Eso llamó la atención del Consejo Ejecutivo.

¿Cómo se definen los casos que llegan a esta corte?

Nosotros nacemos con la ley de crimen organizado, con un elenco de 18 delitos que se asignan a la histórica Sala Penal Nacional. Uno de esos delitos era corrupción de funcionarios, que después tiene su propio sistema. Ahora ya somos una corte, pero con dos subsistemas. Uno de crimen organizado y otro de corrupción de funcionarios.

Ha crecido. ¿Cómo llegó a la presidencia?

Fue inesperado. Estaba tomando unos días de vacaciones en Arequipa. Tengo vacaciones acumuladas. Es difícil salir más de 10 días. Entonces me informan que he sido designado. Lo que pasa es que cuando esto se convierte en Corte Superior, de acuerdo con la Ley Orgánica, un presidente solo puede estar dos años. La doctora Inés Villa había estado el 2019 y 2020. Entonces, el CEPJ me eligió.

¿Y no podía haber elecciones?

Todos los jueces de esta corte son titulares nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Se prevé que la JNJ debe convocar estas plazas a concurso. Cuando nombre, podrá haber elecciones. Actualmente, somos titulares convocados, teniendo en cuenta nuestra experiencia en casos complejos.

¿Los mejores?

Sí, con años de experiencia en casos complejos. Te cuento un caso. Hubo un juez que pidió pertenecer a este sistema. Presentó su currículo y el CEPJ lo designó. Se presentó a su despacho y le preguntó a la secretaria qué caso tengo mañana. Le contestó “tiene el caso de Keiko Fujimori”. En ese momento se acordó que tenía un impedimento físico y nunca asumió el cargo.

¿Se asustó?

En general, lo que se requiere de un magistrado es conocimiento e integridad, que incluye todos los valores éticos. Pero no ganamos nada cuando tenemos un magistrado con buena formación académica y solida formación ética, pero que en un caso difícil cede a la presión mediática. No resuelve lo que manda la ley, sino lo que la tribuna pide. Si alguien quiere seleccionar a un juez para este sistema, también tiene que fijarse en otro valor: la valentía.

¿Tan difícil es esto?

En mi caso, la prensa se ha fijado más en los casos en los que no le he dado la razón a la Fiscalía, pero olvida los casos donde mi sala le ha dado la razón, que son trascendentes, y que la Corte Suprema ha confirmado. Una reforma debe partir por definir los límites. ¿Qué puede hacer un juez ordinario? ¿Qué no puede hacer un juez ordinario? La justicia constitucional ha sido clara al respecto y siempre ha marcado su línea.

¿Usted es un juez por formación o por experiencia?

Se combinan ambas. Es cuestión de estilos. Lo que la sociedad quiere es que sea un juez que no dilate, que no sea moroso y que resuelva oportunamente. De eso se trata.

¿Por qué los casos están demorando mucho en la etapa intermedia, en el control de acusación?

Recién este es mi tercer mes de gestión. Es cierto, hemos identificado este problema. Se trata de mejorar la dirección de la audiencia para que duren menos. Allí, a partir de un mea culpa, reconocemos que debemos ser más ágiles. La Corte Suprema ya ha dado unas líneas. El código tiene también sus pautas.

¿El fiscal Domingo Pérez pide más jueces?

Él no es el único que reclama. La fiscal del caso Orellana, Marita Barreto, también lo ha pedido, a través de la fiscal de la Nación. Ya hemos presentado un planteamiento al CEPJ para que los jueces de corrupción, que tienen baja carga, también puedan ver casos de crimen organizado.

La etapa intermedia, el control de acusación, suele demorar hasta dos años.

Es cierto, pero eso supone realizar una reingeniería. Mejorar la capacitación. Al CEPJ le hemos propuesto pasar de cuatro a ocho juzgados de investigación preparatoria. Resolver el problema sin generar mayor gasto. Con eso podemos responder a la ciudadanía, que dice no queremos prisiones preventivas, sino sentencias.

¿La pelota está en cancha del Poder Judicial?

Efectivamente. Como en este caso reciente, el fiscal ya presentó la acusación. La investigación preparatoria está en manos del fiscal. El Ministerio Público se toma todo el tiempo y nos llega la acusación, con la prisión preventiva por vencer. Todos tenemos que mejorar.

¿Todavía tienen casos con el código antiguo?

Sí. La mayor cantidad de juicios es con el proceso antiguo. Hay tres salas para el nuevo Código y cuatro con el código antiguo. Es un sector que también merece atención, pues parece que hubiera impunidad, si el juicio se realiza una o dos décadas después. Estos juicios también se van a acelerar.

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