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Política

Kenji Fujimori debe pagar al Estado S/50.000 por caso de compra de votos

Poder Judicial rechazó el pedido de Kenji para sustituir el pago de una caución por un inmueble en San Borja, en el contexto del caso “Mamanivideos”.

Kenji Fujimori
Kenji Fujimori

Los excongresistas Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez mantendrán la obligación de pagar al Estado S/50.000 por el caso “Mamanivideos”, en las que hubo una presunta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

El juez supremo Hugo Núñez Julca decidió que continúen las obligaciones contra ambos exlegisladores. La medida alcanza también a Alexéi Toledo, exasesor parlamentario de Kenji y quien deberá abonar en cambio S/30.000.

Los tres acusados por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado solicitaron entre noviembre y diciembre del 2020 que se reemplace el pago que debían hacer al Banco de la Nación por otros inmuebles que cubran dichos montos.

Sin embargo, el juez Núñez rechazó esta petición confirmando así la orden que pesa contra ellos desde noviembre del año pasado: el pago de las caución de S/50.000 y S/30.000.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria señaló en su resolución que en el caso de Kenji Fujimori, este “procesado cuenta con las facultades y medios posibles para poder garantizar la caución económica impuesta”.

Del mismo modo con Bienvenido Ramírez quien labora como médico en Tumbes y tiene la solvencia económica para pagar la caución; y con Alexéi Toledo, que es dueño de una empresa.

“En conclusión, los procesados cuentan con solvencia económica para poder cumplir con la obligación impuesta, al no acreditarse lo contrario. Así las cosas, las circunstancias personales de los procesados, las remuneraciones percibidas y las profesiones que ostentan, conllevan a indicar que han sido pasibles de generar ahorros y/o obtener posibilidades para obtener el monto requerido”, señala el documento publicado por el Poder Judicial.

Limitaciones

Es necesario precisar que el pago de la caución contra los acusados se impuso por orden de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

En noviembre de 2020, el tribunal dictó que los exparlamentarios Fujimori, Bocángel y Ramírez una serie de limitaciones: no ausentarse de su localidad sin autorización del juez, acudir a la instancia judicial cuando sean citados, así como la obligación de pagar al Estado una caución de S/50.000.

En cuanto a Alexéi Toledo, su pago al Estado fue disminuido de S/50.000 a S/30.000.

Los cuatro implicados están, además, a la espera de que se programe una fecha para el juicio oral donde podrían esperarles penas de entre 11 y 12 años de prisión efectiva.

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