Edgar Alarcón informó haber dado positivo por COVID-19

La denuncia constitucional en su contra por enriquecimiento ilícito iba a ser debatida este viernes. Si no se presenta él o su abogado, el caso no podría avanzar.

Edgar Alarcón se contagio de coronavirus. Foto: difusión
Edgar Alarcón se contagio de coronavirus. Foto: difusión
Política LR

El congresista y excontralor Edgar Alarcón informó que se contagió de coronavirus al presentar un certificado médico y una prueba de antígenos que salió positiva.

Durante la mañana de este miércoles estuvo presente en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero se retiró tras alegar problemas de salud.

Alarcón se habría infectado de COVID-19, de acuerdo a la prueba que mostró, a días de su presentación en el pleno el viernes 12 de marzo, en la que se iba a debatir y votar la acusación constitucional que tiene por enriquecimiento ilícito.

¿Y qué pasará con el proceso? Según explicó el abogado especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes, “en este caso, como es primera vez que ocurre en el pleno, cabe que se postergue en atención al certificado médico con el que se demuestra que el congresista tiene coronavirus”.

“Salvo que él haya falsificado el documento tratando de apelar a su condición de víctima, eso no lo podemos saber. Es atendible a que por razones de salud sí se postergue una primera vez. Solo se rechaza cuando se advierte malicia o mala fe en la conducta procesal. Se corta de plano y el proceso continúa”, agregó el experto en diálogo con La República.

Explicó también que existe la posibilidad de que “un facultativo del Congreso concurra a su domicilio para que constate que efectivamente padece esa enfermedad”. “También cabe eso. Cabría que un congresista lo solicitara. Eso se tendría que pedir en la propia sesión del pleno”, refirió.

Cuando una persona contrae este virus tiene que hacer una cuarentena de por lo menos 14 días, según indicó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Es decir, la acusación que se le sigue al legislador quedaría paralizada durante este tiempo.

Con Alarcón ya son, por lo menos, 22 los legisladores que se han contagiado de este mal. Y a nivel de todo el Congreso, siguiendo su propia sala situacional, 758 personas se han infectado.

Prueba de antígenos de Alarcón.

Denuncia aprobada

El último viernes 5 de marzo, en la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso, se aprobó la primera de las tres denuncias constitucionales que tiene Edgar Alarcón, quien había recurrido a maniobras dilatorias para tratar de ganar tiempo.

En este caso se le acusó, según el Ministerio Público, de registrar un incremento patrimonial injustificado por la suma de S/ 201.337 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2016, cuando se desempeñaba como contralor. Además, la hipótesis de la Fiscalía sostuvo que registró depósitos bancarizados en su cuenta “presuntamente de origen desconocido” por la suma de S/ 275.644.

Por su parte, la defensa de Alarcón aseveró que la acusación en contra de su cliente carece de sustento y que el informe final que presentó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “es una copia de la denuncia del Ministerio Público”.

Congreso verá este viernes su acusación

El Parlamento verá este viernes 12 de marzo la denuncia contra el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, aprobada en la Comisión Permanente.

Este acuerdo se dio luego de que el legislador evadiera por segunda vez la sesión de este grupo de trabajo con el claro propósito de retrasar el trámite de una de las denuncias constitucionales presentadas en su contra por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

Investigaciones contra Alarcón Tejada

A Alarcón también se le investiga por un presunto desbalance patrimonial a raíz de encontrarse gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.

En él, además, recaen otras cuatro denuncias por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, como colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.

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