A un año de la COVID-19: los cambios en la política peruana

Jair Zevallos

Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga son algunos de los candidatos a las elecciones generales de abril de 2021. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga son algunos de los candidatos a las elecciones generales de abril de 2021. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República

A pesar de la inestabilidad y la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, los cambios en el panorama político pueden representar una oportunidad tangible para implementar mejoras.

El 2020 empezó con un nuevo Congreso luego de que el anterior fuera disuelto constitucionalmente casi cuatro meses antes por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, quien, a su vez, había sustituido en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski después de su renuncia.

La voluntad antojadiza de la historia nacional, una voluntad que replica hitos en un bucle infinito y cuya novedad radica únicamente en los personajes, determinó que la inestabilidad de los últimos meses huérfanos de Parlamento (solo la Comisión Permanente quedó a la espera de los próximos legisladores) se vea nuevamente trastocada el 6 de marzo de 2020, cuando se supo que un virus desconocido había viajado desde las antípodas del hemisferio para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el cuerpo de un hombre de 25 años que fue rebautizado como ‘El paciente cero′.

Sucedió entonces que la agenda política, vista como un arcano someramente despreciado, ganó peso con las semanas y la presencia de Vizcarra cobró mayor importancia que la figura de cualquier deportista mediático, porque, dicho sea de paso, las actividades deportivas cesaron hasta nuevo aviso, y las personas se preocuparon no solo porque ojalá no me contagie, sino también por las acciones que dispondría el Estado para cuidar de la ciudadanía y que el sistema de salud no colapse.

Y colapsó, sin embargo.

Para abreviar, la política del bono no duró demasiado y ante la sospecha de una disminución en la cantidad de contagios, se interrumpió el claustro y se instaló la nueva normalidad, que era, a fin de cuentas, la misma normalidad castiza pero con mascarillas.

Vacar al presidente

La serenidad se convirtió en soberbia, y se reflejaba en un Parlamento prepotente y absolutamente desentendido de la realidad, que luego, sumido en la incertidumbre, sufrió los estragos de no respetar el distanciamiento social y de encapricharse en ir a sesionar presencialmente con una ola de contagios que puso en peligro su propia integridad y que incluso ahora lamenta la muerte del legislador Hipólito Chaiña.

Lo que cambió el panorama fue que el nuevo Congreso, en un afán revanchista que terminaría siendo premonitorio, aprobó en el segundo intento una moción de vacancia por incapacidad moral en contra de Martín Vizcarra y el 9 de noviembre, sin detenerse a escuchar argumentos, legitimó el golpe de Estado que concluiría o, mejor dicho, iniciaría con la asunción del entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, como nuevo presidente de la República.

Quiérase o no, aquí hubo un cambio con aroma pretérito, porque esa misma noche llegó hasta las puertas del Legislativo una turba más indignada que enardecida para defender no el honor del presidente vacado, sino la integridad de una nación que había tenido (y continuaba... y continúa) que tolerar un virus corrosivo que se propagó por todo el mundo y otro mal endémico de un Poder del Estado que ostentaba entre sus filas a nada menos que 68 congresistas con procesos abiertos.

El costo de mantener la democracia se pagó con las muertes de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, quienes fueron atacados el sábado 14 de noviembre del 2020 por agentes de la Policía Nacional del Perú y reprimidos hasta extinguirse haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta.

El 15 de ese mes renunció Merino y lo relevó en el cargo Francisco Sagasti, quien pidió disculpas a los familiares de los fallecidos. Esa calma aparente que sucedió al caos inauguraba la esperanza de un poder en principio discreto que se revelaba ante cualquier fuerza política en nombre de la voluntad popular.

Tiendas de campaña

A diferencia de años anteriores, las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno impiden que las campañas políticas se desarrollen de manera tradicional. Además, la llegada de la segunda ola y el incremento de los casos de fallecidos por COVID-19 en pacientes cada vez más jóvenes, pusieron freno a la contienda electoral y los candidatos se vieron obligados a buscar nuevas alternativas para sacar ventaja en las próximas elecciones del 11 de abril de 2021.

Luego de los hechos narrados en el apartado anterior, se intuye el rumor popular de no querer cometer el mismo error con respecto a sus representantes. Las campañas tradicionales en las que podía negociarse un voto con el intercambio de un bien menor parece, por lo pronto, haber quedado en desuso y se ha iniciado un debate que por lo menos exige una propuesta concreta y satisfactoria sobre un tema en particular: ¿Y ahora qué?

O, mejor dicho: ¿Qué va a pasar con la economía ahora que tantos han perdido su empleo?

O también: ¿Qué se va a hacer para reforzar el sistema de salud ante futuras emergencias?

Estas interrogantes, otrora difusas, otrora desdeñadas, son ahora trascendentales y al político se le exige tener una propuesta más coherente, independientemente de su línea ideológica. Esto, claro, admite también una cuota de populismo. No obstante, es infinitamente menos deliberado que en elecciones anteriores.

Así, a candidatos como Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga se le exige propuestas más concretas que estén por encima de la premisa mancillada del “confía en mí”.

Más allá de la postura, más allá de si se debería o no permitir que la empresa privada pueda distribuir las vacunas, más allá de si se debe eliminar por completo la inmunidad parlamentaria o si es preciso reestructurar o directamente rehacer una nueva constitución, el simple hecho de poner las cartas sobre la mesa y entablar el diálogo, custodia un futuro auspicioso que, ojalá, no esté enemistado esta vez con la voluntad antojadiza de la historia nacional.

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