Fiscalía pide 4 años de prisión para Agustín Lozano, presidente de la FPF
El dirigente es acusado por los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y falsedad ideológica, que habría cometido cuando era alcalde de Chongoyape, Chiclayo.
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El Ministerio Público solicitó cuatro años de pena privativa de la libertad para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por los presuntos delitos de negociación incompatible (o aprovechamiento indebido del cargo) y falsedad ideológica.
De acuerdo a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, cuando Lozano Tejeda era alcalde del distrito de Chongoyape, en Chiclayo, firmó un convenio para alquilar el estadio municipal al club deportivo Juan Aurich, del cual era dirigente, a pesar de que no tenía la aprobación del Consejo Municipal.
Según la versión de la Fiscalía, el alquiler habría servido para que el equipo chiclayano juegue el torneo de la segunda división de la Federación Peruana de Fútbol. El arriendo se habría dado entre el 7 de abril y el 1 de diciembre de 2018, por un monto de 500 soles por fecha de juego.
“Se le atribuye al acusado Agustín Lozano Saavedra ser autor de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como ser autor del delito de falsedad ideológica. Se solicita se le imponga al acusado cadena de cuatro años de pena privativa de la libertad”, expresó la fiscal Cynthia Pérez Sandoval.
Piden 4 años de inhabilitación para Lozano
Además, la representante del Ministerio Público pidió que “se le imponga 180 días multa, equivalente a 12.398,80 soles y cuatro años de inhabilitación”. Por su parte, la Procuraduría solicitó 20.000 soles de reparación civil.
La abogada Lucía Soriano, defensa de Lozano, rechazó los cargos y aseguró que su cliente había renunciado a su puesto como directivo de Juan Aurich en 2016. También indicó que el Consejo Municipal sí tenía conocimiento del acuerdo y que no generó ningún perjuicio a la comuna chiclayana.
Por esa razón, en la audiencia pública de control de acusación, Soriano requirió que se archive el caso, pero el juez Leonardo Carrillo rechazó el pedido, y dispuso que pase a juicio oral.
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