Fiscalía pidió incluir a Westfield y First Capital al caso Olmos
Empresas podrían recibir sanciones penales como la disolución si la jueza María Álvarez acepta la incorporación por el caso Trasvase Olmos.
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El Poder Judicial decidirá en los siguientes días si las empresas Westfield Capital y First Capital serán incorporadas como investigadas en el caso Trasvase Olmos (Odebrecht).
La jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, revisó este jueves por la mañana el pedido de Hamilton Montoro, quien se desempeña como fiscal provincial del cuarto despacho del equipo especial Lava Jato.
Acorde a la imputación del Ministerio Público, ambas personas jurídicas deben ser incluidas al caso por ser instrumentalizadas por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y su exsocio Gerardo Sepúlveda durante el gobierno de Alejandro Toledo al haber realizado asesorías a la constructora brasileña Odebrecht.
A cambio de ello, la brasileña habría obtenido la adjudicación del proyecto especial de irrigación Olmos-Tinajones, en Lambayeque, cuando el gobernador regional fue Yehude Simon Munaro. “El proyecto Olmos se sustenta sobre una concesión cofinanciada. En ese cofinanciamiento el Estado asumió un costó económico de más de S/77 millones”, añadió el fiscal Montoro.
Para la defensa de Westfield Capital, representada por la abogada Gladys Vallejos, esta empresa no tiene ningún riesgo de obstaculizar o cometer otro presunto delito, pues está inactiva en Estados Unidos desde 2016.
“Si la empresa está inactiva no puede contratar ni realizar ningún tipo de acto. No hay peligro procesal para que pueda cometer nuevos delitos”, indicó en audiencia la letrada.
Por parte de First Capital, el abogado Percy García Cavero indicó que “actualmente esta empresa no desarrolla actividades en el Perú, sino en Chile”, por lo que tampoco habría motivos para que la empresa sea incluida a la investigación.
Tras el debate, la jueza María Álvarez manifestó que tendría una resolución del caso en los siguientes días, según estipula la ley.
En caso las empresas sean incluidas a la investigación, según dijo el fiscal Hamilton Montoro, estas podrían recibir “consecuencias accesorias” como la disolución, la suspensión temporal de actividades, pago de multas, entre otras medidas de sanción penal.
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