José Cavassa seguirá siendo investigado en el caso Cuellos Blancos
José Cavassa, exgerente de la ONPE, es procesado por haber influido en los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, así como por las inscripciones irregulares de partidos.
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El Poder Judicial ha determinado que José Cavassa Roncalla, exgerente de la ONPE, continúe siendo investigado por tráfico de influencias en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
La decisión provino de la Sala de Apelaciones Anticorrupción en los primeros días de enero, luego de que en noviembre pasado se discutiera en audiencia pública si correspondía o no una “excepción de improcedencia de acción” a favor de Cavassa.
Es decir, entonces se solicitó que sea excluido del caso porque el delito imputado por la Fiscalía, supuestamente, no correspondía con los hechos.
cavassa cuellos blancos
No obstante, los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha, Guillermo Piscoya y Marco Angulo decidieron ratificar lo resuelto en primera instancia por el magistrado Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria cuando rechazó el pedido de Cavassa, manteniéndolo como procesado en el caso.
El tribunal estimó además en su resolución que las ampliaciones de imputaciones y cargos contra Cavassa “no vulneran de modo alguno el principio de legalidad procesal, ni tampoco normas y principios procesales”.
Por último, los jueces apreciaron que “el fiscal durante el curso del proceso (etapa intermedia) puede variar la calificación jurídica de los hechos a través de los mecanismos que el Código Procesal Penal le otorga para poder subsanar este tipo de errores que se pueden presentar en un estado prematuro de las investigaciones”. Por lo tanto, decidieron que Cavassa continúe en el proceso.
Cargos y vinculaciones
El Ministerio Público tiene en la mira a José Cavassa desde 2018, cuando se le incluyó en la investigación por el caso Cuellos Blancos como presunto miembro de la organización criminal sosteniendo que este se encargó de “gestionar favores políticos y beneficios para manejar la designación de magistrados”.
Así, se señaló que Cavassa influyó en los miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir como presidente de la institución a Orlando Velásquez Benites, “a fin de garantizar la hegemonía del CNM y así facilitar el nombramiento de jueces y fiscales, para que pueda seguir operando la red de corrupción y obtener beneficios en los procesos judiciales que intervengan a su favor o de terceros.”
Otro hecho que se le imputa es el haber ofrecido a los exconsejeros Iván Noguera y Guido Aguila ser favorecidos con montos mensuales de dinero por parte de la Universidad Telesup (de José Luna Gálvez) “bajo la fachada de contratos de cesión de derechos de obras jurídicas”.
Por último, según reveló en 2020 La República, se le imputó a Cavassa sobre la base del colaborador eficaz 2301-2020 (hoy identificado como Miguel Torres Reyna) que coordinó con Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez la elección como jefe de la ONPE en 2017 a Adolfo Castillo Meza, subiendo su puntaje de 17.00 a 25.00 puntos en la reconsideración de evaluación curricular.
Una consecuencia directa de ello, según el colaborador eficaz, fue la inscripción también irregular del partido político Podemos Perú.
“En ese momento yo no tenía el conocimiento tan claro de las cosas como ocurrieron después. Luego (Cavassa) me habló que estaba trabajando para Luna (Galvez) en conseguir la inscripción del partido. (...) Podemos Perú nace producto de esa elección del jefe de la ONPE”, declaró Torres Reyna.
Con arresto en casa
Desde junio de 2020, José Cavassa cumple una orden de arresto domiciliario dictado también por el mismo tribunal de apelaciones que en los útimos días dictó que se mantenga la investigación en su contra por Los Cuellos Blancos del Puerto.
En aquella oportunidad se destacó que Cavassa era parte de la población vulnerable frente al COVID-19 y por lo tanto, debía ser excarcelado del penal Miguel Castro Castro, pasar el arresto en casa y no declarar a los medios de prensa, no hacer actividades políticas directa o indirectamente y pagar una caución de S/10 mil al Estado.
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