Aenza necesita firmar acuerdo de colaboración para lograr reestructuración

La compañía gestora de inversiones IG4 Capital expresó su preocupación por la demora en la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz entre Aenza —antes Graña y Montero— con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, que comprende el reconocimiento de los delitos, entrega de información para procesar a los responsables y la determinación del monto de la reparación civil que debe abonar Aenza como empresa y los accionistas sometidos a la justicia.

En noviembre de 2019, IG4 Capital llegó a un acuerdo preliminar con la familia y antiguos directivos de G&M —hoy Aenza— para comprar el 23% de las acciones de su propiedad en la empresa, cuyo valor total en la bolsa alcanza los 430 millones de dólares. Los detalles de esta transacción fueron informadas a las autoridades peruanas para tomar las precauciones respectivas y garantizar el pago de las reparaciones civiles de los accionistas involucrados en actos de corrupción.

Un objetivo central de las negociaciones para consumar esta compra de acciones es que los accionistas de la empresa Aenza involucrados en actos de corrupción ya no puedan ejercer derechos políticos en la empresa, que rindan cuentas a las autoridades judiciales y se establezcan claramente los mecanismos para asegurar el pago de sus reparaciones civiles con el ingreso de efectivo que esta operación implicaría, la cual se prevé llevar a cabo de manera transparente mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por la (Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Sin embargo, mientras no se logre el acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Aenza, la compañía IG4 Capital, cuyos fondos se gestionan desde Reino Unido, en cumplimiento de sus normas corporativas y regulaciones internacionales y de transparencia en operaciones financieras, no puede concretar la adquisición de las acciones, entre las que se encuentran las de los primos José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, que, como colaboradores eficaces, han reconocido su participación en actos de corrupción.

IG4 Capital tiene experiencia en este tipo de operaciones por su participación en la empresa brasileña de saneamiento Iguá, cuyos accionistas originales estuvieron involucrados también en el caso Lava Jato, y que luego de una operación similar, han logrado atraer a capitales de los fondos de pensiones canadienses, que tienen estándares internacionales muy exigentes en términos de normas anticorrupción y de cumplimiento de normas en general.

Cuestión de fondo

Fuentes de La República relacionadas con las negociaciones, informaron que para IG4 Capital, los 14 meses que han transcurrido desde la firma del acuerdo preliminar, sumados al tiempo y recursos invertidos antes de lograr la firma, resulta ya demasiado tiempo, y que los inversionistas cuyos fondos administran no podrían esperar más de 6 semanas para que se firme el acuerdo de colaboración eficaz.

Dado el plazo transcurrido sin poder concretar la operación, los inversionistas buscarían avanzar con otros proyectos que tienen en Chile y Colombia, indicaron las fuentes.

El ingreso de IG4 Capital permitiría a Aenza una reestructuración financiera bajo mucho mejores condiciones, porque la transacción implicaría alejar a los accionistas acusados de corrupción en momentos en que el mercado internacional ofrece tasas excepcionalmente bajas para empresas que no cargan con ese pasivo reputacional.

El acceso a financiamiento a estas tasas depende de apartar de toda capacidad de injerencia en la gestión de la empresa a los accionistas involucrados en procesos judiciales de este tipo.

Adicionalmente, los montos que recibirían los antiguos directivos de G&M permitirían generar las garantías para el pago efectivo de las reparaciones civiles por las actividades ilícitas de los anteriores responsables de la compañía constructora. En consecuencia, si la operación no se concreta, se perjudicaría el Estado por la dificultad para poder cobrar, más de 10.000 trabajadores y toda la cadena de proveedores de una empresa de la dimensión de Aenza, indicaron las fuentes consultadas.

Aunque la compañía Aenza se abstuvo de ofrecer detalles sobre el proceso de colaboración eficaz, fuentes de la empresa adelantaron que la suscripción del acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato se hará entre febrero y marzo. “Saludamos que la procuradora (Silvana Carrión) haya informado públicamente que en los próximos días fijará el monto de la reparación civil que deberá pagar Aenza, y que (el acuerdo de colaboración eficaz) se cerrará en el primer trimestre del 2021. Es un proceso que iniciamos en 2019 y nos satisface estar próximos a cerrarlo”, señalaron las fuentes de Aenza.

La República consultó con fuentes de la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato, y confirmaron que si bien está próximo a definirse el monto que deberá abonar Aenza, todavía está pendiente aclarar ante el Equipo Especial de fiscales, que coordina el fiscal superior Rafael Vela Barba, algunos casos en los que acepta responsabilidad la exconstructora Graña y Montero. Depende de la culminación de esta etapa, para que la Procuraduría determine la suma que Aenza debe abonar como reparación civil.

“La negociación está bastante avanzada en lo que se refiere al estimado del monto de reparación civil que deberá pagar la empresa. Recordemos que Aenza está sometiendo varios contratos de obras al proceso de colaboración eficaz. Sin embargo, hay algunas diferencias técnicas que se han presentado en el marco de la negociación, las cuales esperamos superar en las próximas semanas”, explicaron las fuentes de la Procuraduría.

“También es conveniente recordar que la negociación sobre el monto final de la reparación civil se va a plantear dentro de un proceso de colaboración eficaz que dirige la Fiscalía. En ese sentido, la empresa viene culminando con el Equipo Especial los términos del reconocimiento de hechos en materia penal”, argumentaron. “Esperamos que esa etapa pueda ser concluida pronto de manera óptima, ya que al final de ella, se nos deberá correr traslado sobre los hechos que son reconocidos por la empresa, para terminar de cerrar el monto de reparación civil que deberán pagar finalmente”, añadieron las fuentes.

El valor del tiempo

Este diario también consultó con fuentes del Equipo Especial, las que confirmaron que, efectivamente, Aenza está completando la información requerida para que la Procuraduría establezca el monto de la reparación civil.

“Y mientras no se fije dicho monto, y la empresa lo acepte, no puede firmarse el acuerdo de colaboración eficaz. Además, debe considerarse la posibilidad de que Aetza podría no estar de acuerdo con la suma que exigirá el Estado. Todavía falta para llegar al acuerdo”, señalaron las fuentes del Equipo Especial.

Todo ello hace pensar que existen todavía muchos puntos por definir y que el plazo podría extenderse más allá de las seis semanas que faltan para que la operación de IG4 Capital se caiga, lo que implicaría que Aenza mantendrá a los accionistas inculpados por corrupción y sólo podrá acceder a tasas de interés altas, lo que pone en riesgo financiero a una de las empresas que llegó a ser la constructora más importante del país y cuyos directivos jamás debieron involucrarla en actos de corrupción.

Los trabajadores, proveedores y el propio Estado tendrán que enfrentar ese riesgo, en medio de un año difícil, con una situación de caja y deudas por pagar compleja, como incluso reconoce su propio CEO, Luis Díaz Olivero.

Aenza vive momentos de estrecha liquidez, por lo que ha debido financiar sus operaciones con créditos privados de alto costo, y mantendrá esa limitación financiera mientras no se separe a los accionistas que involucraron a la empresa en actos de corrupción.

En las condiciones actuales, la falta de un acuerdo de colaboración eficaz no permite descartar el inicio de un proceso concursal, que haría inviable la reparación civil, en tanto no es una deuda reconocida, además de perjudicar a sus más de 10.000 trabajadores, proveedores y subcontratistas, y al 75% de los accionistas que no tienen responsabilidad alguna con los hechos de corrupción.

También se perdería una oportunidad única para limpiar el accionariado y permitir que la compañía mire el futuro sin las cargas del pasado. Todos perderían con la demora, pero no parece haber conciencia del daño que se puede generar, precisaron las fuentes consultadas por La República.

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