El Informante: Chinchero al juez, por Ricardo Uceda

La Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente, presidida por el ingeniero Marc Zeisser, ha presentado dos acciones de amparo ante juzgados del Cusco para obtener una orden que detenga la remoción de tierras previa a la construcción del aeropuerto de Chinchero. El proyecto, que debiera culminar en 2024, tuvo tropiezos desde el comienzo. En 2016 el viceministro de Transportes Martín Vizcarra renunció para evitar ser interpelado por autorizar una adenda al contrato de concesión que aliviaba la carga financiera de Kuntur, el operador de entonces. Cuando Vizcarra fue presidente reimpulsó la obra, pero sin observar protocolos indispensables para preservar el patrimonio cultural.

El expediente preparado por Proinversión no contaba con un Certificado de Inexistencia de Recursos Arqueológicos (CIRA) en la zona donde se levantaría el aeropuerto. Es necesario para un proyecto de su tipo. Cuando se anunciaron los trabajos surgió un movimiento de oposición por presuntos daños a la riqueza monumental del Valle Sagrado de los Incas. En 2019 la UNESCO solicitó al gobierno peruano un Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) del que hasta el momento no hay noticia.

Las demandas

Una de las demandas, presentada por Zeisser ante un juez civil de Urubamba, denuncia un alto riesgo hidrológico. El aeropuerto, sostiene, afectará gravemente el ecosistema de cuatro microcuencas, por ubicarse entre un acuífero y dos lagunas, una de las cuales abastece de agua a Cusco. Quinientas hectáreas serían impermeabilizadas, cambiando el régimen hídrico de toda la zona. Una prueba ofrecida es un informe de los expertos de las empresas coreanas que brindan asistencia técnica al proyecto. Luego de revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dijeron que era solo conceptual, y que se requieren evaluaciones y medidas para mitigar los efectos hidrológicos.

La segunda demanda, ante un juez civil de la Corte Superior del Cusco, se centra en la falta de informes que demuestren la no afectación de la riqueza patrimonial. El texto describe antecedentes históricos y arqueológicos, señala la importancia de mantener uno de los paisajes culturales más importantes del Perú, y remite a la opinión de un amplio sector de especialistas e historiadores del arte, de múltiples nacionalidades, que objetaron la construcción del aeropuerto. Destaca en particular la ausencia del EIP solicitado por la UNESCO para determinar los riesgos sobre Machu Picchu, los Caminos Incas y la ciudad del Cusco, tres sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Estudios necesarios

Uno de los requerimientos para la construcción es una Evaluación de Impacto Arqueológico (EIA). Busca efectos directos. Establece si en el terreno habrá patrimonio afectado, y, si lo hubiera, de qué manera se mitigaría. Diversos especialistas opinan que uno bien hecho demostraría que allí no existen restos relevantes: el campo es salitroso porque fue probablemente un pantano o laguna en la antigüedad, sin presencia de construcciones. El MTC, pese a todo su apuro, nunca lo tuvo, pues el que hizo Proinversión fue insuficiente.

El segundo estudio es el solicitado por la UNESCO. Es de mayor trascendencia porque determinará la afectación indirecta del proyecto sobre la riqueza que es patrimonio mundial. Pese a que un EIP no es legalmente indispensable para que se inicien las obras -además de que la opinión de la UNESCO no es vinculante- hay otros motivos de fuerza para hacerlo. Son inocultables los estragos que el turismo masivo produjo en el patrimonio cultural del Cusco. El nuevo aeropuerto, al intensificarlo, producirá un mayor impacto.

Tiro por la culata

En 2019 se produjo una sorda tensión entre el MTC y Cultura por la renuencia del primero a volver a hacer el EIA, acerca del impacto directo. El ministro Luis Jaime Castillo obtuvo un acuerdo a regañadientes del MTC pero hasta que dejó el ministerio, el primer día de octubre, aún no había sido ordenado. La ministra Sonia Guillén habló con Vizcarra para volver a hacer las cosas bien. El entonces presidente dijo que sí pero es probable que a través del MTC trabajara para que se avanzara con el proceso. Mediante un concurso internacional el MTC seleccionó al gobierno coreano para que brindara asistencia técnica a fin de culminar el proyecto en los plazos previstos. Ahora los coreanos están sobre el caballo.

Después de recibir la carta de la UNESCO el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargó un estudio rápido y barato. Así pretendió tener un EIP válido. Luego de un trabajo de campo, el estudio concluyó que habría un considerable deterioro del patrimonio mundial en la zona, incluido Machu Picchu. El tiro salió por la culata. Pero luego se comprobó que el dictamen no estaba bien fundamentado y que las zonas de excavación habían sido insuficientes.

La depredación

El MTC ya tendría una Evaluación de Impacto Arqueológico hecha -aún no se anuncia- indiciaria de que no hay riqueza patrimonial relevante en el terreno de construcción. Falta el de impacto patrimonial (sobre daños indirectos a toda la zona arqueológica). Lo seguro es que cualquier estimación de ese tipo dirá lo evidente: que el aeropuerto aumentará el daño del turismo desmedido. No tanto en Machu Picchu, que al tener una sola entrada permite restringir el ingreso, sino en el paisaje cultural, atrozmente violado por construcciones y comercios que evaden cualquier autoridad nacional, regional o local. Los poblados y zonas de tránsito -Aguas Calientes, Pisac, Ollantaytambo- en muchos sentidos pierden su carácter por la invasión de ambulantes, de centros de tatuajes, de masajistas, de hoteles sin parámetros, etcétera. El paisaje cultural, que antes de la construcción del aeropuerto parecía empobrecerse inexorablemente, ¿cómo empeorará cuando exista? Un juez podría parar todo para examinarlo. Y entonces, tal vez, el problema se convierta en una oportunidad para buscar una solución de fondo.

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