JNJ debe evaluar ratificación de jueces y fiscales de Amazonas

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe evaluar la permanencia de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, Nanci Sánchez Hidalgo -su actual presidenta-, Esperanza Tafur Gupioc y Gonzalo Zabarburú Saavedra, quienes en el 2015 fueron ratificados por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Uno de los fallos más cuestionados que emitieron los tres jueces, cuando integraban la Sala Mixta de Chachapoyas, es la sentencia benigna que dictaron a un acusado de tentativa de violación sexual contra su sobrina de 12 años. En diciembre del 2008, le impusieron 5 años de prisión efectiva, cuando la norma vigente prevé no menos de 30 años y el fiscal pidió 25.

Así lo señaló la Corte Suprema en junio del 2009, al resolver el recurso de apelación. Concluyó que la pena aplicada no resulta proporcional. La resolución detalla que el condenado admitió haber realizado “tocamientos” a la menor, aunque negó haber querido violarla. Además, resalta que la víctima mantuvo un testimonio consistente sobre cómo trató de forzarla; y hay una testigo que oyó los gritos y llantos de la niña.

El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) recuerda que, debido a este caso, en el 2015, interpusieron una tacha contra el juez Gonzalo Zabarburú para que el exCNM no lo ratifique, pero extrañamente lo hicieron cuatro meses después de su entrevista personal.

Lo mismo ocurrió con la magistrada Esperanza Tafur, que en un inicio no fue ratificada, por unanimidad, pero la mantuvieron en el cargo vía recurso de reconsideración. Pese a este terrible fallo, también se renovó la confianza a la actual presidenta de la Corte, Nanci Sánchez. El exCNM ni siquiera mencionó esta sentencia cuando vio su expediente.

En el caso de Zabarburú, seis de los consejeros obviaron los cuestionamientos en su contra por esta sentencia benigna, y tampoco tomaron en cuenta la condena con mínima pena privativa de libertad que dictó para un procesado por tráfico Ilícito de drogas, que le permitió salir pronto con semilibertad. Por este último caso, el magistrado fue sancionado por la OCMA con 15 días de suspensión.

Lo ratificaron los ahora investigados Guido Aguila, Orlando Velásquez, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe. Zabarburú llegó a ser presidente de la Corte de Amazonas. El único voto en contra fue del entonces consejero Pablo Talavera

Para protegerse

Otro caso de Amazonas que debe estar en la mira de la JNJ es el del fiscal coordinador de las Fiscalías Provinciales y Mixtas de Amazonas, José Felicino Novoa Vásquez, quien el mes pasado fue acusado de tentativa de violación sexual por su sobrina Shirley Novoa.

El Centro de Emergencia Mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer de Bagua, y seis días después, la archivaron sin mayor acto de investigación más que la evaluación de dicha acusación.

El abogado de IDL refiere que el caso debió ser visto por un fiscal supremo en Lima. Explica que cuando una fiscalía provincial recibe una denuncia contra un fiscal superior, solo puede hacer diligencias preliminares, como tomar declaraciones de la presunta víctima y del acusado, para luego elevarlo, en este caso, a un fiscal supremo en lo contencioso administrativo en Lima. “Así lo dice la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público”, precisa Quispe.

Pero esta no es la única ocasión en que Novoa habría sido protegido por un fiscal que está bajo su jurisdicción. En marzo de 2019, fue denunciado por la fiscal anticorrupción Lyana Jesús Saavedra Inga, por haber intervenido indebidamente su despacho con el fin de tener acceso a diversas carpetas fiscales que ella llevaba, entre ellas, la investigación contra un grupo militares denominado Los Cuellos Verde de El Milagro.

Al igual que ocurrió con la acusación anterior, el caso se archivó y la fiscal Saavedra Inga fue cambiada de puesto. Esta denuncia también debió ser vista por la Fiscalía Suprema en Lima.

Otro ejemplo de la inusual protección a magistrados denunciados en Amazonas es lo ocurrido con la denuncia interpuesta el 2019 por la exjueza de Luya de iniciales R.M.P.C. por el delito de acoso sexual contra Gonzalo Zabarburú Saavedra, que entonces presidía la Corte Superior de Amazonas.

La Fiscalía Provincial de Luya asumió la competencia y jurisdicción del caso cuando debió pasar a un fiscal supremo en lo contencioso administrativo, tal como lo ordenó recién el año pasado, vía apelación, el fiscal Pablo Sánchez. Esta investigación aún está en trámite sin pronunciamiento final del Ministerio Público.

Este caso ha sido presentado por IDL ante la JNJ, pues, como denuncia Quispe, habría un patrón de investigaciones a jueces y fiscales de Amazonas que se quedan y terminan en la zona para beneficiarlos, lo que violenta derechos procesales y constitucionales.

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