Siete candidatos al Congreso por Arequipa tienen sentencias judiciales

Wilder Pari

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17 Ene 2021 | 6:09 h
Sandro Jara Coa (Runa), Clara Salinas (JPP) y Edwin Martínez (Acción Popular), son algunos de los candidatos con antecedentes. Foto: Composición La República.
Sandro Jara Coa (Runa), Clara Salinas (JPP) y Edwin Martínez (Acción Popular), son algunos de los candidatos con antecedentes. Foto: Composición La República.

Hojas de vida. Son antecedentes que consignaron en sus hojas de vida. Sandro Jara cumplió 15 años de condena por rebelión, y varios de ellos fueron denunciados por violencia familiar.

Siete candidatos que postulan al Congreso por Arequipa tienen alguna sentencia consentida en el ámbito penal o civil. De ese grupo, cinco ya están en carrera, mientras que dos tienen en suspenso su inscripción.

Sandro Jara Coa encabeza la plancha de Renacimiento Unido Nacional (Runa). Jara declaró una condena de 15 años por el delito de rebelión. El candidato fue uno de los etnocaceristas que junto a Antauro Humala, tomó la comisaría de Andahuaylas el 2005. Aquella asonada terminó con 6 fallecidos: 4 policías y 2 reservistas.

Varios de los alzados en el andahuaylazo participan en política luego de cumplir sus penas, incluso tres fueron elegidos el 2020 y conforman el actual Parlamento.

Miguel Ángel Surco Quispe (Democracia Directa) consignó en su hoja de vida dos fallos adversos. La primera por violencia familiar, donde el juez dictó medidas de protección. No es lo único, también tiene una sentencia en el plano civil por una deuda con un banco. Sostiene que ya pagó y que ahora tiene buena calificación bancaria.

Máximo Adolfo Franco Bécquer (Avanza País) tiene una sentencia por violencia familiar. Se le dictaminó una orden de alejamiento de la víctima, así como tratamiento psicológico. En la información adicional de su hoja de vida, consignó tener otro proceso en la Primera Fiscalía de Familia.

Clara Salinas Quispe, de Juntos por el Perú, consignó una sentencia del 2018 por querella. Fue denunciada por difamación cuando era regidora de Paucarpata, por el exalcalde del distrito, Luis Cornejo Nova. La sentenciaron a reglas de conducta y una multa.

En el plano civil, la candidata de Unión por el Perú, Elizabeth Chirinos Oliva, informó una sentencia de carácter contractual, donde el demandante le exigía el pago de dinero. El expediente data del año 2013.

Elías Rojas Paredes, cabeza de lista del Frente Amplio informó en su hoja de vida una sentencia del 2020 por lesiones leves por violencia familiar. Señaló estar en cumplimiento del fallo judicial.

El otro aspirante es Edwin Martínez Talavera, cabeza de lista de Acción Popular. El exalcalde de Mariano Melgar declaró una sentencia por peligro común, por conducir en estado de ebriedad. También fue multado por nombramiento ilegal del cargo. El Jurado Electoral declaró inadmisible la inscripción de Elías Rojas y Edwin Martínez. La última palabra la tendrá el Jurado Nacional.

Sanción por dádivas

Por otro lado, el Jurado de Arequipa inició un proceso sancionador al candidato de Victoria Nacional, Christian Batallanos. Lo acusan de entregar dádivas a sus potenciales votantes. La investigación se inició con dos videos propagandísticos publicados el 9 y 10 de enero. Ahí el postulante regala pescado y cajas. No se precisa la fecha de la grabación.

Anteriormente, el abogado en temas electorales, Christian Silva, precisó que las infracciones de los candidatos se contabilizan luego de presentar su solicitud de inscripción, cuya fecha límite fue el 22 de diciembre pasado. Por ello, varios aprovecharon fechas previas para dar regalos, pues no serían sancionados.

ENFOQUE

Qué pasó con filtros en partidos

Dessy Zanabria

Directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil

Es preocupante tener candidatos con sentencias por violencia familiar. Las denuncias por violencia no siempre ocurren a la primera vez. Es probable que estos postulantes carguen un historial de maltrato que desencadenó en las condenas.

Las personas con estos antecedentes pueden ser una piedra en el zapato para las políticas que combatan la violencia familiar. Su inclusión también dice mucho de los partidos y los filtros que aplicaron. Y nos hace dudar del discurso de las organizaciones políticas frente a la erradicación de la violencia familiar.