Ratifican prisión preventiva para gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo

LR Norte

larepublica_pe

11 Ene 2021 | 10:28 h
Se confirmó la resolución n. 07, del 10 de diciembre de 2020, que declaró fundado el requerimiento fiscal. Foto: Andina
Se confirmó la resolución n. 07, del 10 de diciembre de 2020, que declaró fundado el requerimiento fiscal. Foto: Andina

Primera Sala de Apelaciones declaró infundadas las apelaciones de la autoridad y otros siete acusados por el presunto delito de colusión agravada.

Juan Carlos Morillos, gobernador de Áncash, continuará en el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz. La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash declaró infundadas las apelaciones de la máxima autoridad regional y otros siete acusados por el presunto delito de colusión agravada.

De esta manera, se confirmó la resolución n.º 07, con fecha 10 de diciembre de 2020, donde se resolvió fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva formulado por el Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash.

Los imputados por una supuesta concertación entre funcionarios y la empresa Quimera SAC en la implementación de un ambiente especializado para el tratamiento de coronavirus en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote son: Juan Carlos Morillo Ulloa, Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, Jiordano Renzo Alva Pinedo, Juan Wilson Mendo Sánchez, Ángel Enrique Velásquez Abanto, William Percy Rojas Vereau y Ninel Romero Bartusiak.

La obra “Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo, además de otros activos en el EESS Eleazar Guzmán Barrón” estuvo valorizada en S/ 10 061 072,61.

Gobernador de Áncash, Juan Morillo, es acusado de colusión. Foto: La República

Argumentos

En la audiencia, los abogados defensores solicitaron la anulación de la prisión preventiva, porque sus patrocinados no tuvieron derecho a defensa. Sin embargo, la Sala refirió que se trata de un debate técnico jurídico únicamente; por ello “no se evidencia ningún rasgo de vulneración concreta a su derecho de defensa”.

Asimismo, se desestimaron las alegaciones de inexistencia de peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

Por su parte, el abogado del gobernador regional indicó que presentarán una casación u otro recurso para el cese de la prisión.