El Informante: Un falso valor, por Ricardo Uceda

Durante 2021, coincidiendo con la actividad electoral, se celebrarán diligencias decisivas del Ministerio Público respecto del expresidente Martín Vizcarra. Transcurre una etapa de verificación de las versiones de colaboradores eficaces sobre coimas para dos obras públicas cuando era gobernador de Moquegua. La corroboración atañe, entre otros aspectos, a las circunstancias de la entrega del dinero y al uso que el supuesto sobornado hizo de los recursos que le habrían sido entregados en efectivo. Vizcarra sostiene que sus acusadores mienten. El estimado de una fuente cercana a las investigaciones es que los hechos vinculados a los pagos ilícitos podrían ser esclarecidos dentro de seis meses.

Sin embargo, el caso ya no solamente abarca supuestos sobornos, sino la corrupción comprendida en dos proyectos: una irrigación en Lomas de Ilo y la construcción del hospital de Moquegua. Incluye todo tipo de ilicitudes. Los expedientes, inicialmente en manos del subsistema anticorrupción en el Ministerio Público, han pasado al Equipo Especial de Lavado de Activos cuando se dirimió un conflicto de competencias, en noviembre pasado. ¿Cuánto demoraría la investigación completa, que involucra a muchos imputados en distintos niveles? Quizá un par de años. O tres. Salvo que, como ha adelantado el fiscal Germán Juárez Atoche, él evaluara que ya tiene todas las pruebas necesarias para llevar a juicio a Vizcarra por las coimas. Puede dividir el proceso. En esa eventualidad el año próximo sería decisivo.

Sin exministros

Aún es prematuro hacer un vaticinio sobre este punto. Pero sí cabe asegurar que el fiscal Juárez encuentra cada vez más indicios que apuntalan la versión de los sobornos. Falta un tramo testimonial de exfuncionarios del gobierno regional, algunos de los cuales, en 2016, fueron llevados por Vizcarra a Lima para trabajar en el sector Transportes y Comunicaciones. No todos en la administración de Moquegua estaban de acuerdo con la forma de pagarle a las compañías beneficiadas. Falta también verificar la ruta de la adquisición de propiedades del investigado luego de la supuesta coima. Por añadidura, dos nuevos testigos de compañías involucradas acreditarían que en sus organizaciones se dispuso dinero para sobornarlo.

Vizcarra, por su parte, ve diluirse poco a poco el fervor que despertaba su querida presencia. No ha podido conseguir buenos acompañantes para postular por Lima vistiendo la camiseta de Somos Perú, cuyos congresistas apoyaron su vacancia. En la lista no figura ningún exministro, ninguna personalidad hechizada por su liderazgo en el 2021. El partido que lo invitó es presidido por Patricia Li, quien lleva a cuestas una sentencia firme por corrupción. Su candidato presidencial es el desprestigiado exdirigente de Fuerza Popular Daniel Salaverry. Ninguno simboliza los valores que lo llevaron al pináculo de la popularidad. En realidad los contradicen.

Lavada de cara

Por otra parte, han irrumpido más evidencias de la calamitosa actuación de Vizcarra frente a la pandemia. En la coyuntura del cambio de gobierno ya había demostraciones incontrovertibles de ineptitud, de su afán casi patológico por mostrar falsos escenarios. Por eso fue desconcertante que Francisco Sagasti mantuviera como ministra de Salud a Pilar Mazzetti. Ella, pese a sus cualidades profesionales, personificaba el naufragio de una gestión pública en la que comparte responsabilidades con su antecesor Víctor Zamora.

Cuando se supo que la anunciada compra de vacunas había sido una farsa –y solo a partir de una información que reveló The Economist–, la primera ministra, Violeta Bermúdez, hizo un penoso intento de culpar a la inestabilidad política. O sea, al Congreso. El editor regional de la revista inglesa, Michael Reid, acaba de pedir una investigación imparcial sobre la “pésima gestión” de Vizcarra. Lo ilustró con el ranking mundial de exceso de muertos por COVID-19, donde el Perú ocupa el primer lugar. Es inevitable una investigación, y vale la pena preguntarse si el gobierno de Sagasti facilitará un esclarecimiento de los hechos.

Un lado bueno…

En cuanto a la retención de Mazzetti en el cargo no puede dejarse de pensar que el presidente quizá consideró acertado el liderazgo de Vizcarra durante la pandemia. Es decir que no la retuvo por vizcarrismo sino por ceguera. Y puestos a hablar de nombramientos, hubo otra designación que se mantiene fuera de lo comprensible: la de Eduardo González Chávez en Transportes y Comunicaciones. Existiendo gravísimas acusaciones de corrupción contra Vizcarra, y estando bajo sospecha tanto su gestión en el Ministerio de Transportes como la de sus estrechos colaboradores Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro (mencionado como su “cajero” por su exsecretaria Karem Roca), ¿qué necesidad había de nombrar al brazo derecho de este grupo como titular del MTC? Entre 2016 y 2020 fue jefe de asesores de ambos ministros, lo mismo que del expremier Vicente Zeballos. No hay indicios de que sea corrupto, solo que difícilmente podría encontrarse un hombre de mayor confianza del cogollo vizcarrista en un ministerio bajo sospecha.

Esto lleva a la idea más inquietante de que quizá Sagasti y su primera ministra están absolutamente convencidos de la inocencia de Vizcarra. Pudiera ser, parece que es el caso de bastantes personas, incluso muy inteligentes. Las negligencias de su gestión, que algunos podríamos hasta considerar criminales, otros pueden creer, como se ha opinado por allí, que se debieron a que se quedó muy solo, cual Mi pobre angelito. En fin, con la campaña electoral se avecina una discusión sobre la verdadera naturaleza del falso valor que nos gobernó hasta noviembre pasado, y que, en virtud del lado bueno de la vacancia, ya no está en el poder.

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