Cuestionan a Fiscalización por recomendar acusar constitucionalmente a exministros de Vizcarra

Grupo liderado por Alarcón, que inicialmente solo investigaba contrataciones del Ministerio de Cultura, incluyó a otros sectores y señaló a exmiembros del gabinete de pertenecer a una supuesta organización criminal.

Alarcón continúa presidiendo Comisión de Fiscalización, pese a denuncias en su contra. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Alarcón continúa presidiendo Comisión de Fiscalización, pese a denuncias en su contra. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Rossdela Heredia

El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el año 2018 a la fecha estaría excediéndose de las facultades que obtuvo este grupo de trabajo para investigar el tema.

En las conclusiones del documento, que aún no es evaluado en el Pleno del Congreso, se recomienda acusar constitucionalmente a varios exministros del Gobierno de Martín Vizcarra que no estuvieron en el sector Cultura.

Este hecho fue advertido por dos integrantes de la comisión: José Luis Ancalle y Carolina Lizárraga, quienes el pasado lunes 14 de diciembre cuestionaron este punto del informe.

Ambos señalaron que el trabajo debía ceñirse solamente a indagar los presuntos contratos irregulares en el Mincul, mas no abarcar los de otros ministerios.

Sin embargo, el grupo que aún preside Edgar Alarcón aprobó por mayoría el informe con los votos de los siguientes parlamentarios:

  • Héctor Maquera (UPP)
  • Nelly Huamaní (Frepap)
  • María Cristina Retamozo (Frepap)
  • Ricardo Burga (Acción Popular)
  • Wilmer Bajonero (AP)
  • Felícita Tocto (Descentralización Democrática)
  • Mariano Yupanqui (DD)
  • Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso)
  • Robinson Gupioc (Podemos Perú)
  • Edgar Alarcón (UPP)

Exministros que Fiscalización propone investigar

El documento final aborda sobre la contratación de Fiorella Alvarado en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.

Por ello, pide acusar constitucionalmente a los exministros Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro por estos presuntos delitos funcionales:

  • Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales
  • Colusión agravada
  • Tráfico de influencias

Y lo mismo se solicita para todos los exmiembros del gabinete ministerial que ejercieron como titulares de los sectores Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación y Defensa; entre los años 2018 y 2020.

Además, se les acusa de participar en una organización criminal implicada en la contratación de diversos personajes del entorno de Martin Vizcarra Cornejo.

Respecto a ello, Flor Pablo, quien hasta marzo de este año fue ministra de Educación, anunció que tomará medidas legales contra Alarcón.

“Son acusaciones sin sustento ni evidencia alguna (...) Alarcón está utilizando su cargo temporal en el Congreso para atentar contra la libre participación política de los candidatos que, como bien sabe, no dudarán en desblindarlo y someterlo ante la justicia”, escribió la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Morado.

Por su parte, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, señaló que Fiscalización se ha excedido de sus funciones al elaborar un organigrama criminal en torno a su patrocinado y sus exministros.

“Las imputaciones son absurdas. No se puede generar un escenario de más de 15 personas para la contratación de una persona, incluido ministros de Estado. El contenido del informe es absolutamente incongruente, ilógico y desproporcionado”, opinó.

Agregó que en el caso de Fiorella Alvarado se acusa a Mostajo, Muñoz y Montenegro porque no habrían cumplido con su labor de supervisar su contratación.

“Mencionan que resulta increíble que estos ministros no hayan conocido a la señorita ni sabido de su relación con el expresidente Vizcarra (cuando necesariamente no tendrían por qué saberlo)”, comentó Ugaz.

Mientras que en el caso del Minedu, el abogado remarcó que si bien acusan a los extitulares de este sector, los motivos no están claros.

“Dicen que su delito es no haber supervisado. Y entonces ellos son parte de la organización criminal por eso. Esa es la imputación. ¿Cómo es que en el motivo dicen que no ha habido elementos y luego al final del informe recomiendan que haya acusación por colusión?”, se cuestionó Ugaz.

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