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Advierten vicios en reforma de la inmunidad

Diego Quispe

DiegoQuispeSanc

12 Dic 2020 | 4:14 h
De acuerdo a los juristas consultados, la reforma de la inmunidad parlamentaria presenta algunos errores técnicos y vacíos. Foto difusión
De acuerdo a los juristas consultados, la reforma de la inmunidad parlamentaria presenta algunos errores técnicos y vacíos. Foto difusión

Críticas. Dictamen aprobado crea una instancia privilegiada para los congresistas por delitos comunes en la Corte Suprema. La propuesta es alejada de la idea original de la Comisión Tuesta.

Juristas consultados por La República ven a la reforma de la inmunidad parlamentaria –aprobada el último jueves en el Pleno– como el mal menor. Sostienen que hay errores técnicos y vacíos en el dictamen presentado a última hora por la Comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade, de Alianza para el Progreso.

Observaciones penales

La propuesta modifica el artículo 93 de la Constitución. “El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia”, dice el texto sustitutorio.

El primer cambio constitucional es que faculta a la Corte Suprema de Justicia a procesar a los congresistas por delitos comunes cometidos durante su función. Ya no será necesario que el Poder Judicial pida autorización al Parlamento, por ejemplo, para detener a algún legislador sentenciado.

Se ha dado un estatus especial al congresista que no tiene por qué tener, pues los delitos comunes tienen un juez natural en el lugar donde se cometen. Lo que se ha generado es darle una competencia a la Corte Suprema para delitos comunes”, cuestionó el constitucionalista Pedro Grández.

La reforma que elimina la inmunidad parlamentaria le otorga un estatus especial al legislador, según constitucionalista.

Comenta que históricamente la Corte Suprema ha sido una instancia final para sentencias o casaciones. “Están pensando (en el Congreso) que tienen un fuero especial”, advirtió.

Un caso conocido fue del excongresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, quien fue acusado en su momento por tocamientos indebidos a una aeromoza. Con la reforma aprobada en el Legislativo, la acusación hubiera caído en manos de la Corte Suprema, pues se trata de un delito común cometido por un legislador cuando ejercía su mandato.

El abogado penalista Carlos Caro, por su parte, recordó que dicha instancia judicial no fue creada para procesar delitos comunes, sino de función. Los congresistas, por ende, serán las únicas autoridades con este privilegio.

Recordó que el dictamen también se refiere a “delitos comunes imputados” y no a los cometidos durante la función congresal. Un juego de palabras que no queda claro.

La otra observación, según el abogado Luciano López, es a la adecuación que debería tener el texto al Nuevo Código Procesal Penal al estipular en la Carta Magna que será la Suprema quien se encargue del procesamiento de los parlamentarios, cuando eso le compete al Ministerio Público.

El constitucionalista Luciano López indicó que tras la aprobación de la reforma en cuestión también debería modificarse el Nuevo Código Procesal Penal. Foto: La República.

Caro coincide con esta tesis: “Así de genérico no es lo mejor. Si quisieran ser específicos (los congresistas) tendrían que decir que el procesamiento le corresponde a la Fiscalía Suprema y a la Corte Suprema”, expresó.

El ex defensor del Pueblo Walter Albán recordó que la propuesta original de la Comisión de Reforma Política, liderada por el politólogo Fernando Tuesta, era que la CS se encargue de autorizar el proceso o arresto de los congresistas comprometidos con la justicia y no el pleno del Congreso.

Y esto es diferente a lo aprobado esta semana. Los parlamentarios serán las únicas autoridades que responderán ante la CS por delitos comunes. Un privilegio.

El dilema del antejuicio

Además, los congresistas mantienen el antejuicio, protección que tienen para delitos cometidos durante el ejercicio de su función. Según Grández, esto ha servido para salvaguardar a los parlamentarios vinculados a casos de corrupción.

Grández recordó que con esta figura el Congreso blindó a los magistrados inmersos en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ donde se redujo, en varias oportunidades, la gravedad de los delitos imputados.

“Ese asunto es más importante. Se debería de cambiar los términos de la acusación que se produce desde el Congreso. Las competencias de calificación de los hechos debería ser la del Ministerio Público y no del Congreso”, manifestó.

Tribunal Constitucional y Defensoría

El dictamen también incluyó de forma express a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y al defensor del Pueblo. El texto sustitutorio aprobado les resta la inmunidad para delitos comunes. Y tuvo menos de una hora de discusión. Los jueces constitucionales y el defensor, no obstante, mantiene la protección para sus votos, decisiones u opiniones.

La reforma de la inmunidad también alcanzó a los magistrados del Tribunal Constitucional. Foto: La República

“No pueden ser procesados por sus votos u opiniones y ya no tienen inmunidad para procesarlos por delitos fuera del ejercicio de su función. Pero eso no representa un problema porque en las acusaciones que se les formula por delitos de función, tanto los congresistas y magistrados tienen el privilegio del antejuicio”, manifestó Cairo.

Albán, no obstante, alertó que la aprobación en primera votación de la reforma de inmunidad intenta distraer a la opinión pública de la principal intención de las bancadas que promovieron la anterior vacancia presidencial: elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional a toda costa.

Intentos fallidos desde el Congreso

La reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria se discute desde el año pasado. Fue puesta en la agenda pública por la Comisión de Reforma Política, que alcanzó una propuesta legislativa a la Comisión de Constitución del Congreso. Desde ahí, hubo dos dictámenes aprobados en el pleno.

La eliminación de la inmunidad parlamentaria es debatida en el Congreso desde el 2019. Foto: Congreso

El primero fue en el 2019, cuando Constitución era presidida por la fujimorista Rosa Bartra y en julio último cuando esta comisión era dirigida por el congresista de APP Omar Chehade.

Ninguna de las iniciativas aprobadas tuvo el consenso con el Ejecutivo por no respetar el texto original de la reforma política.

En Twitter

Martín Vizcarra - @MartínVizcarraC (1/2)

¿Otro enredo para entorpecer la eliminación de la inmunidad parlamentaria? La ciudadanía exige reformas claras y no ambiguas. Ratifico mi decisión de postular al Congreso para eliminar por completo la inmunidad que se convirtió en impunidad.

Martín Vizcarra @MartínVizcarraC (2/2)

Los peruanos trazaron en las urnas el camino de reformas que debe seguir el país de cara al Bicentenario. Tenemos la obligación de impulsar los cambios que nos permitirán abrir una nueva etapa en el Perú. #EliminaciónDeLaInmunidad #SinTrampa.

Vicios de la inmunidad parlamentaria.

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