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Olivares sobre Ley de Inmunidad: Congresistas ya no pueden esconderse

El vocero del Partido Morado sostuvo que, de ratificarse la eliminación de la inmunidad en la próxima legislatura, la Corte Suprema será la entidad que determine el cese y posterior arresto de los parlamentarios.

Daniel Olivares es el vocero del Partido Morado tras la salida de Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia. Foto: La República
Daniel Olivares es el vocero del Partido Morado tras la salida de Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia. Foto: La República
Política LR

Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, consideró que los congresistas que hayan cometido delitos “ya no pueden esconderse” detrás de la inmunidad parlamentaria luego de que el Pleno optará por eliminarla en una primera votación.

Asimismo, aseguró que, de ratificarse la decisión del Congreso de eliminar la inmunidad en la próxima legislatura, será la Corte Suprema la institución que imparta justicia sobre un representante del Legislativo.

“Hemos avanzado algo. Esto debimos hacerlo hace meses, pero hemos dado unos pasos. Lo que se aprobó es que ahora los congresistas que cometan delitos, que conocemos, ya no puedan esconderse detrás de la inmunidad y podrán ser procesados o arrestados por las autoridades”, declaró este viernes 11 en Exitosa.

En esa misma línea, agregó que esta reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución determinará que un congresista sea juzgado “como cualquier ciudadano” ante los organismos correspondientes.

“Ahora el congresista va una Corte Suprema, que es una específica en estos casos, pero finalmente es la justicia regular. Ya no es más decisión del Congreso si es que se procesa o arresta a un legislador que ha cometido un delito”, precisó el portavoz de la Bancada Morada.

Con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó el último jueves el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria y que sea la Corte Suprema la que los procese ante delitos de función y comunes.

Fue así que la representación nacional llegó a un consenso ante la propuesta, que es parte de la reforma política impulsada desde el 2018 por el Poder Ejecutivo y asociaciones civiles.

“Por ejemplo, en el Congreso pasado, sin dar nombres, ocurrió robo de gasolina o acoso sexual, que solo podían ser considerados como una sanción bajo una decisión del Congreso, pero ahora eso ya no es así”, agregó Olivares.

La iniciativa deberá ser aprobada otra vez en la próxima legislatura con un mínimo de 87 votos para que entre en vigencia en el actual mandato congresal. Esto debido a que se trata de una modificación de un artículo de la Constitución Política del Perú.

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