19 gobernadores regionales actualmente son investigados por corrupción
Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, presentó un balance sobre las investigaciones que afrontan la mayoría de gobernadores regionales por la presunta comisión de este delito.
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El Ministerio Público informó que 19 de los 25 gobernadores regionales vienen siendo investigados por las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios.
El fiscal coordinador Omar Tello Rosales señaló que esta cifra refleja una lamentable situación que, de ser acreditada en el proceso, comprobaría un enorme perjuicio al Estado.
Asimismo manifestó que este registro es una muestra de la labor que los fiscales especializados cumplen con el fin de salvaguardar los intereses del Estado y buscar una sanción para los responsables.
Según este balance, los gobernadores con mayor número de investigaciones son de la región Loreto, con 16 denuncias; Áncash, con 14; y Lima, con 10 investigaciones.
“Una de las graves características de la corrupción es que se produce aprovechando los momentos de crisis. Muestra de ello son las 1.893 denuncias que durante estado de emergencia sanitaria, del 16 de marzo hasta el 31 de octubre pasado, hemos recibido a nivel nacional”, precisó el representante del MP.
Precisó que de las denuncias recibidas durante este período por las 41 fiscalías especializadas a nivel nacional, 685 corresponden a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares, 279 por similares hechos en la compra de equipos de protección y limpieza contra la COVID-19 y 52 vinculados a la compra de equipos médicos.
Tello agregó que las instituciones más afectadas son los municipios con 1.074 denuncias, el sector Salud con 129 denuncias, los gobiernos regionales con 108 denuncias y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con 44 denuncias.
Delitos
El balance de la coordinación nacional del subsistema anticorrupción señaló que los delitos de mayor incidencia son los de negociación incompatible, colusión y peculado; los cuales están directamente vinculados a presuntos actos ilícitos de direccionamiento y sobrevaloración durante los procesos de contratación para obras públicas y adquisición de bienes y servicios en algunas entidades públicas.
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