Congreso aún no define agenda para debatir ley de inmunidad parlamentaria
Legisladores deben programar debate para reforma constitucional hasta el 18 de diciembre. Expertos coinciden en que se haga nueva propuesta que evite blindaje e impunidad en el Parlamento.
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Esta semana deberá definirse en la agenda del Congreso la fecha de un nuevo debate sobre la ley de inmunidad parlamentaria que busca cambiar el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que los legisladores en el Perú “no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”.
Entre las opciones para ver esta reforma de carácter constitucional, la Junta de Portavoces evaluará si se seguirá con la segunda votación del dictamen, aprobado con 110 votos a favor el pasado 5 de julio, que eliminaba la inmunidad parlamentaria y el antejuicio del presidente, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.
En conversación con La República, la congresista Leslye Lazo de Acción Popular contó que su bancada se reunió el último lunes con la finalidad de tomar una posición sobre esta reforma pendiente y que, después de la misma, se tratará de llegar a un consenso o se optará por el voto a conciencia.
Asimismo, anunció que en caso se decida por la segunda votación del dictamen o, en su defecto, se plantee un nuevo texto en la comisión de Constitución, se deberá fijar hasta el próximo 18 de diciembre, fecha en que concluye la legislatura.
“Si se debate en febrero del próximo año ya nosotros no podríamos aprobar el proyecto porque necesitamos de dos legislaturas para poder aprobar una modificación constitucional”, declaró la parlamentaria a esta redacción.
En efecto, para la también titular de la Comisión de Justicia, la inmunidad parlamentaria “no debería ser quitada”, no obstante, sostiene que “sí debería hacerse cambios” no solo en la Constitución sino también en el reglamento del Congreso.
“En el reglamento del Congreso no existen plazos. Yo propuse que se consiga un plazo perentorio y si en ese tiempo de 30 días no se pronunciaba el Congreso, se levanta la inmunidad. Como no hay plazos, entonces el Congreso deja pasar favores políticos”, manifestó.
El pleno modificó y aprobó hasta cinco artículos de la Constitución (el 93, 99, 117, 161 y 201) de manera express con el fin de modificar la inmunidad parlamentaria, no solo de los congresistas sino de todos los funcionarios públicos.
Por ejemplo, en el artículo 93 se planteaba eliminar la inmunidad parlamentaria y la ampliación de la inviolabilidad de su procesamiento en ejercicio de sus funciones también de “control político u otras inherentes a la labor”.
En el 99 se incluía a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a seguir el proceso. Además, se establecía que los ministros no cuenten con antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio de su cargo.
“En algún momento consideré que no se puede ser juez ni parte. Tiene que ser otro organismo el que esté a cargo del levantamiento de la inmunidad. Esa es mi posición”, expresó Lazo.
De igual manera, en el artículo 117 se determinaba que el presidente del Perú podía ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.
Es así que el Congreso no tuvo la intención de eliminar por completo la inmunidad de los congresistas, pues el cuestionado proyecto solo mutilaba prerrogativas fundamentales en instituciones autónomas, debilitando al Poder Ejecutivo, y quebrando el principio constitucional del balance de poderes.
César Landa: “Lo más razonable sería evaluar otra iniciativa”
El expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, también se retiró del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, en total desacuerdo con el modo como se consiguió la aprobación del dictamen. Foto: La República.
Para el expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, los congresistas aprobaron una reforma “muy controvertida” pues, además de que no se quitaron la inmunidad, desprotegieron a las autoridades de los otros poderes del Estado.
En ese sentido, consideró que debido a la actual coyuntura, promover una reforma de inmunidad parlamentaria “es una necesidad pendiente” y que el problema fue que los legisladores llevaron a votación un proyecto que “es un peligro para la democracia”.
“Lo más razonable sería evaluar otra iniciativa. Alguna vez se hizo desde el Ejecutivo. En todo caso que la ciudadanía tenga también participación porque, por un lado, se puede plantear nuevas reformas”, sostuvo a este diario.
En otro momento, recordó que la propuesta de la Comisión de Reforma Política era que la inmunidad no quede en manos del Legislativo, y que mas bien sea el Poder Judicial la entidad que determine el desafuero de los parlamentarios.
“Durante los últimos años se percibe un manto de impunidad a congresistas que son condenados por delitos y vinculados con organizaciones corruptas. La coyuntura hace que esta prerrogativa se vea como impunidad. Por eso ya no hay relección y ahora se busca eliminar la inmunidad parlamentaria”, acotó.
Sobre la posibilidad de que el presidente Francisco Sagasti convoqué a un referéndum el 2021 para hacer una consulta del tema, César Landa dijo que, aunque jurídicamente el artículo 206 de la Constitución le permite hacerlo, “políticamente no es recomendable”.
Del mismo modo, consideró que alterar los plazos establecidos para el próximo 11 de abril puede generar “cierta incertidumbre” ya que unos querrán inmunidad y otros “una reforma con argumentos”.
“Creo que se requiere un poco más de decisión, no de forma pasiva sino afirmando los valores democráticos que están jugándose en este momento: la estabilidad, la seguridad sanitaria y las elecciones. También se debe estudiar la reforma y buscar consensos que es lo más importante”, agregó el exmagistrado.
Víctor García Toma: “Congresistas deben evitar el ‘otoronguismo’”
Congreso aún no define agenda para debatir ley de inmunidad parlamentaria
En concordancia con Landa, el también extitular del TC, Víctor García Toma, explicó a La República que el Congreso debe “empezar de nuevo” con la reforma de inmunidad parlamentaria pues el proyecto aprobado en primera instancia “confundía, mezclaba y metía dentro del mismo saco” a todos los funcionarios.
“Lo que sucede es que, tal como ha sido elaborado este proyecto de reforma constitucional, no sería aprobado. El mismo Tribunal Constitucional observaría la norma. Habría que comenzar de nuevo”, opinó.
Para el exmagistrado lo que se requiere son “modificaciones sustanciales” en el Reglamento del Parlamento y no en la Constitución ya que primero se debe “señalar un plazo perentorio” luego del pronunciamiento de la Corte Suprema.
“La comisión calificadora no debería estar integrada exclusivamente por congresistas, deberían invitar a expresidentes del Congreso a efectos de atenuar la posibilidad de que las bancadas con poder contingente tengan algún grado de diferencia o control en la propuesta”, añadió.
Por otra parte, estimó que la inmunidad parlamentaria es necesaria para cumplir los presupuestos que la sociedad requiere y necesita a pesar de que sea “impopular”.
Posteriormente, expuso que para ello deben seguirse algunas reglas básicas como la mayoría calificada y el pronunciamiento de un plazo perentorio que implica “un silencio administrativo positivo” y la modificación de la comisión calificadora.
“Pueden inventar una fórmula mixta que impida que existan acuerdos en las propias bancadas. Es decir, los congresistas deben evitar el ‘otoronguismo’”, concluyó.
En esa misma línea, García Toma afirmó que con este cambio en la norma se avanzaría bastante y se lograrían dos cosas: mantener la protección para el parlamentario de oposición (que pertenece a una minoría) y garantizar a los ciudadanos que la inmunidad “no será utilizada como un mecanismo de impunidad”.
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