Solo la Fiscalía pudo filtrar la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces

El equipo fiscal Lava Jato fue negligente en proteger la identidad de los colaboradores y el contenido de las declaraciones de los ejecutivos de las empresas Obrainsa, ICCGSA y Asesores Técnicos Asociados contra el entonces presidente Martín Vizcarra y otros funcionarios.

Las consecuencias que este accionar ha generado en el país: un golpe de Estado, la ruptura del sistema democrático, la muerte de dos jóvenes y graves lesiones a otros, llevaron a La República a desarrollar una investigación periodística sobre cómo se gestó y filtró la colaboración contra Vizcarra.

El artículo “Vizcarra fue un pedido del equipo Lava Jato” que publicamos el 22 de noviembre ha generado una inusual reacción de los fiscales. En vez de explicar, aclarar o transparentar la información amenazan la libertad de prensa, insinúan denuncias penales, mal informan de los procedimientos legales, mienten y presionan a los abogados y procuradores para ocultar ¿qué?

A partir de la revisión de diversos documentos y entrevistas bajo anonimato a fiscales y abogados, La República ofrece ahora nuevos elementos y profundiza en otros hechos, que dejan en evidencia un inquietante desinterés de los fiscales Germán Juárez y Rafael Vela Barba por proteger a los colaboradores. Predomina en ellos un interés mediático y político antes que el judicial.

Un prófugo de la justicia

Lo que hemos encontrado sugiere la necesidad de que los organismos de control del Ministerio Público realicen una investigación sobre los procedimientos de trabajo de los fiscales encargados de investigar a la constructora Odebrecht y el “Club de la Construcción”.

El 24 de enero del 2018, la jueza María Álvarez Calderón impuso prisión preventiva al empresario Elard Tejeda Moscoso. De acuerdo con los colaboradores de Odebrecht, la fiscalía le atribuye ser uno de los principales promotores y líderes del “Club de la Construcción”.

Tejeda evadió la justicia y se ocultó. El 13 de noviembre, el fiscal Germán Juárez le contó a la jueza Álvarez que Tejeda se acercó a la fiscalía en setiembre del 2018, durante un breve periodo en que recuperó su libertad.

Efectivamente, el 15 de julio del 2018, el juez Hermilio Vigo Zevallos revocó la prisión preventiva de Tejeda, vía un hábeas corpus, al considerar que las declaraciones de los colaboradores no estaban corroboradas.

A la semana siguiente, Vigo pidió su jubilación y el 9 de agosto del 2018 se retiró del Poder Judicial para disfrutar de su pensión. Unas semanas después el hábeas corpus fue anulado.

Juárez le dijo a la jueza que al volver a estar con orden de captura, Tejeda no continuó en contacto. En esa época, ofreció declarar sobre actos de corrupción en los gobiernos regionales de Cusco y Ayacucho, sin mencionar a Moquegua.

Algo contra el presidente meses antes, en marzo del 2018, un desconocido Martín Vizcarra se había convertido en presidente de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Acorralado por el Covid-19, en junio del 2020, Tejeda volvió a intentar recuperar su libertad, pero ya con Vigo en el retiro no lo logró. El 7 de setiembre del 2020, la Sala de Apelaciones reiteró la prisión preventiva.

Hoy Vizcarra ya no es un desconocido, luego de que defendió al equipo Lava Jato, disolvió el Congreso fujimorista y por la conducción de la pandemia del Covid-19, en conferencias televisivas diarias.

Así, en 22 días la situación de Tejeda dio un giro completo. Esto sucedió, reiteran las fuentes, luego de que Juárez le dijera a uno de los abogados: “Ustedes solo me traen declaraciones contra alcaldes y gobernadores, eso no nos interesa, necesitamos algo contra el presidente”.

El 29 de setiembre, los abogados de Obrainsa solicitaron una colaboración eficaz corporativa, junto al prófugo Elard Tejeda, que se había internado en una clínica. Ofrecen 1) confirmar su participación en el “Club de la Construcción” y los pagos a Rodolfo Prialé de la Peña, 2) revelar pagos ilícitos al detenido gobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito por los contratos de las obras de redes viales y 3) revelar pagos ilícitos al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sin precisar.

Son los mismos temas que ofrecieron el 2018, según fuentes de Obrainsa. Pero, en cuarto lugar, agregan los presuntos pagos a Vizcarra por el proyecto Lomas de Ilo. Eso abrió todas las puertas de la fiscalía.

Una fuente señaló que Tejeda no habló antes porque Vizcarra era el presidente y tenía miedo, lo que sugiere que sabían o esperaban el proceso de vacancia, pues si no cómo superaron el miedo.

Apenas mencionaron a Vizcarra, Juárez acudió a la clínica. Tejeda ofreció su primera declaración y prosigue el 30 de setiembre y el 1 y 2 de octubre. Le asignan el código 10-2018, según un informe que Juárez remitió a Rafael Vela Barba, el 9 de octubre último.

Para afianzar la declaración de Tejeda, también se acogen a colaboración eficaz los ejecutivos de ICCGSA. El 2 de octubre, José Castillo Dibós y el 13 de octubre, Rafael Granados. Ellos tienen las claves 01-2019 y 13-2019.

Sus declaraciones son similares. El 20 de octubre, en medio de un colapso nervioso, el exministro de Agricultura José Hernández también se acoge a colaboración y le asignan el código 01-2020. Hernández corrobora los dichos de Obrainsa, mientras insiste que él no ha cometido ningún delito.

Una sugerencia

El informe que el fiscal Germán Juárez dirigió a Vela el 9 de octubre, publicado por el semanario Hildebrandt en sus trece, es clave para entender toda esta historia. En ese documento, de tres páginas, Juárez le informa de la declaración contra Vizcarra.

La mayor parte del informe está referido al presidente. Los gobernadores ocupan un par de líneas. Esto es consistente con la frase atribuida a Juárez, los gobernadores no eran de su interés.

Además, Juárez dice que el colaborador 10-2018 “viene sugiriendo que la investigación de estos hechos punibles sean investigados por este subsistema”. Es decir, la persona que ha pasado casi tres años prófugo, ahora, impone a su fiscal.

De acuerdo con los procedimientos, Juárez debía continuar con la colaboración eficaz y trasladar la información corroborada sobre los gobernadores a los fiscales anticorrupción. En dicho informe, Juárez también dice que el colaborador sigue entregando información y que “se han realizado actos de investigación mínimos de corroboración”.

Pese a lo cual, ese mismo día la fiscalía solicita y logra que se revierta la prisión preventiva por comparecencia con arresto domiciliario. Esto es “libertad restringida” para Tejeda.

Al día siguiente, 10 y 11 de octubre, la declaración completa de Tejeda se filtró a los medios y en los días siguientes, el resto de las declaraciones y chats. Para ese día la declaración no había terminado y menos se había corroborado algo.

Presunción de inocencia

La República no va a entrar a analizar el detalle de lo revelado por los aspirantes a colaboradores, sus virtudes y deficiencias. Es una investigación que sigue en trámite y tendrá su propia conclusión.

Sí encontramos que hasta hoy todo son sospechosas. Aún no hay nada comprobado. Los pagos no se van a probar de manera directa. Se podrían probar de forma indirecta si es que aparece el dinero: en una caja fuerte, una compra no justificada o una cuenta bancaria.

Pero la fiscalía desde el 10 de octubre ya presentaba a Vizcarra como culpable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea, considera violatorio de los derechos humanos que un fiscal asegure la culpabilidad de un investigado, antes que exista una condena.

El fiscal Rafael Vela también dice que las declaraciones de los colaboradores han sido respaldadas por decisiones judiciales. Eso es falso. Para la liberación de Tejeda, ni siquiera era necesario presentar la declaración. Vizcarra se allanó al impedimento de salida del país y la jueza explicó que solo analizaba la procedencia legal de la medida.

Es más explicativo lo que el 23 de noviembre resolvió el juez Juan Sánchez Balbuena, al rechazar el pedido de impedimento de salida del país de la exgobernadora Yamila Osorio, implicada por los colaboradores 01-2019 y 13-2019.

Sánchez dice que ambas declaraciones aportan indicios para investigar, pero que falta corroborar. También resalta que los colaboradores dicen haber realizado un pago ilícito, pero cuando les preguntan si hubo un acuerdo ilícito para ganar la buena pro, responden en forma negativa.

Lo mismo sucede en el caso Vizcarra. De allí que se necesite una investigación seria, que no se hace en 10 días, como se ha pretendido. Es momento de que los fiscales dejen el activismo político y se concentren en obtener las pruebas para acusar y no para la atención mediático o por algún interés oculto.

El fiscal Vela mintió en entrevista

Al ser entrevistado por Perú 21, el fiscal Rafael Vela señaló que la filtración pudo darse a través del expediente abierto del proceso iniciado al hoy expresidente Martín Vizcarra.

Miente sin rubor. La investigación a Vizcarra se inició el 16 de octubre, forzando la jurisprudencia y antecedentes. El mismo Juárez esperó que Ollanta Humala termine su mandato presidencial para, el 15 de setiembre del 2016, incluirlo en la investigación de los aportes de Odebrecht.

Así, el 10 de octubre no había expediente abierto. Ese día, solo tres personas podían tener esa declaración: Tejeda, el fiscal y el abogado defensor. La República ha podido constatar que ni Tejeda ni su abogado solicitaron una copia. Los otros colaboradores tampoco la pidieron.

Además, al expediente abierto no se ha trasladado la declaración completa de los colaboradores, sino una transcripción.

Las transcripciones se realizaron el 16 de octubre. Había prisa, dicen las fuentes. A las 10:10 a.m., se transcribió la declaración del colaborador 13-2019. A las 11:20 a.m., la del colaborador 01-2019. A las 13:05 p.m., la de Elard Tejeda.

El 18 de octubre, en el Congreso se presentó el segundo pedido de vacancia de Vizcarra. La declaración del exministro Hernández se transcribió el 21 de octubre.

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