Más de 40 procuradores públicos se pronuncian sobre el respeto a la autonomía funcional

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19 Nov 2020 | 19:41 h
Si bien la Procuraduría General del Estado está adscrito al Ministerio de Justicia, cuenta con autonomía funcional y administrativa. Foto: La República.
Si bien la Procuraduría General del Estado está adscrito al Ministerio de Justicia, cuenta con autonomía funcional y administrativa. Foto: La República.

Los procuradores resaltaron que no admiten ningún tipo de injerencia política en su trabajo, pues gozan de independencia de los demás poderes del Estado.

Este jueves 19 de noviembre más de 40 procuradores públicos, a través de un comunicado, han pedido que se respete su independencia, luego de que Daniel Soria, procurador general del Estado, denunciara que Delia Muñoz, ministra de justicia del Gobierno de facto de Manuel Merino, le pidió su renuncia al cargo.

En una primera parte de la misiva, se reconoce y felicita al nuevo Gobierno del mandatario Francisco Sagasti y saluda su compromiso con las instituciones públicas. Luego se resalta que si bien la Procuraduría General del Estado está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa.

“En la línea de lo señalado por el presidente de la Republica es necesario recordar que cualquier posible intento de injerencia política [...] en su labor o en la de los funcionarios que la integran constituiría una vulneración al principio de autonomía funcional que gozan por ley”, se puede leer en el comunicado.

Más adelante resaltan que su labor no depende de otros poderes del Estado y que es el mismo organismo estatal el que se encarga de poner o retirar a alguien dentro de su puesto bajo determinados parámetros.

“Las normas establecen que las potestades para nombrar, cesar y evaluar a los procuradores públicos a nivel nacional recaen en el procurador general de Estado y en el consejo Directivo que preside al interior de esta institución, el cual está conformado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un representante de la Contraloría General de la República”, detallan.

La misiva está firmada por 43 procuradores generales de diversas partes del país que reafirman su compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos y del Estado peruano que “es la parte que muchas veces resulta agraviada como consecuencia de actos contrarios a la ley”.