El Informante: Decisión irrelevante, por Ricardo Uceda

Aunque la crisis política tomó un curso al margen del Tribunal Constitucional, lo que este resuelva podría tener cierto efecto en la legalidad de la decisión que removió a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. No hay certeza sobre el resultado. El tema está implícito en la demanda del Poder Ejecutivo contra el primer proceso de vacancia iniciado por el Congreso a raíz del caso Richard Swing. Un sector de magistrados dirá que, como esta tentativa fracasó, ya no hay nada que discutir.

Otro sector, en cambio, encontrará propicio definir bajo qué parámetros puede ser vacado un presidente por incapacidad moral. Si esta posición prevaleciera, no es impensable que se acuerden mayores requisitos que la concurrencia de un mínimo de 87 votos e indicios enormes de corrupción, que fueron la referencia del Congreso para vacar al presidente el 9 de noviembre. Habría más exigencias. Estos criterios, de aprobarse, entrarían en vigencia a partir de su aprobación. Hasta antes de la elección de Francisco Sagasti por el Congreso, había quienes sostenían que el TC podía –y debía– revertir la destitución efectuada. Entre ellos el propio Partido Morado de Sagasti. Ahora este hecho consumado ya no tiene vuelta atrás.

Voto en discordia

El domingo pasado, por ejemplo, el propio ex mandatario, con afán de ser repuesto, sostuvo que no bastaba con la renuncia de Manuel Merino (ya se había producido) ni con el nombramiento de un reemplazante por el Congreso. Había que esperar, dijo, a que el TC determinara si fue legal o no su destitución. Añadiendo expectativas, el ex presidente del máximo tribunal, Oscar Urviola, opinó que el TC podría reponer a Vizcarra en su puesto. Sin embargo, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, autora de la ponencia que se presentó en la sesión de ayer, no planteó un escenario de reposición sino una mirada hacia adelante.

La decisión en el pleno del TC, de siete miembros, se tomaría por la diferencia de un voto. Para anticiparnos hay que considerar las tendencias políticas de los magistrados así como la trayectoria de sus votaciones. Un antecedente inmediato fue lo que ocurrió el 17 de setiembre, cuando el pleno decidió admitir la demanda del Poder Ejecutivo ante el primer intento de vacancia. Entonces resolvió con los votos a favor de la presidenta, más los de Augusto Ferrero, José Luis Sardón, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Estuvo en contra Ernesto Blume.

Dos bloques

Fue una votación atípica, si nos atenemos a la lógica del funcionamiento de bloques, que no siempre acierta. Tampoco es exacto simplificarlos por apellidos ideológicos, aunque ayuda. Y diríase que hay un sector escorado hacia la derecha (Sardón, Ferrero, Blume), que desestimaría la demanda, y otro hacia la izquierda (Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña) , que la apoyaría. Las barras bravas llamaban a los primeros fujimoristas y a los segundos vizcarristas. Miranda es inclasificable, más bien pragmático. Comenzó votando con el primer bloque, luego prefirió el segundo, y ahora está en una situación de mírame y no me toques.

Volviendo al voto de Blume por inadmitir la demanda, su argumento fue que esta pretendía que el Congreso no pudiera ejercer su prerrogativa de vacar a un presidente por inmoralidad. Adujo que vaciaba de contenido esa atribución constitucional. Por otra parte, añadió, el proceso de vacancia no incurría en menoscabo de las competencias del gobierno, como sostenía el procurador del Poder Ejecutivo. Pues –argüía Blume– no recortaba ninguna facultad institucional y el sucesor del vacado mantendría todos sus poderes. Así las cosas, Blume difícilmente votaría por darle más aliento a una demanda que ni siquiera quiso admitir. Ya tenemos una posición.

Cinco a dos

En aquella circunstancia, Sardón y Ferrero votaron a favor de admitir la demanda, junto con la mayoría, considerando que la actuación del Congreso, en uso de sus atribuciones, pudo haber menoscabado las del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ambos se opusieron a conceder la medida cautelar planteada por el procurador público, para inmovilizar al Congreso hasta que el TC resolviera. Blume, como era previsible, adoptó la misma posición. Espinosa-Saldaña y Ramos votaron a favor, esto también era predictivo. Pero sorprendió que Ledesma se opusiera a la medida cautelar. Otro tanto hizo Manuel Miranda, quien ya había abandonado –al menos momentáneamente– el cuarteto que bendijo el cierre del Congreso por Vizcarra en 2019.

–Marianella, ingenuamente, no pensó que habría un segundo intento de vacancia –dijo un cercano observador de los hechos. Ahora Ledesma ha apurado a sus colegas a resolver. Respondía a la urgencia del momento y a las críticas de sus admiradores, que le habían jalado las orejas. El pleno, no obstante, ha mantenido las fechas preestablecidas.

Tres a tres

Es posible un resultado tres a tres. A estas alturas ya se conoce la vida y obra de los miembros de ambos bloques, pero poco se ha hablado de quien quizá dirima la controversia: Manuel Miranda. Ha escrito varios libros de familia, es un antiguo juez, llegó ser supremo provisional y no pudo ser elegido al TC en 2013 porque operó la famosa Repartija –los partidos se distribuyeron las plazas– que lo perjudicó. Luego, en el 2014, volvió a postular en forma solitaria y perseverante. Convenció a las bancadas de entonces, sobre todo a la mayoritaria del Partido Nacionalista, de que era el único que no jugaba para nadie. No tenía enemigos, y es cierto que rehúye el conflicto. Salió elegido con la más alta votación.

Una vez en el TC, estuvo muy vinculado a Espinosa-Saldaña, conformando la mayoría ya descrita, hasta que recientemente se apartó, por razones desconocidas. Quizá más de índole personal. Tal es el hilo dental que separa los territorios de este templo, diferenciando a los supuestos golpistas de los que supuestamente no lo son. A esperar lo que resuelva el tribunal y a escuchar los cánticos de acuerdo al resultado.

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