¿Manuel Merino volverá a ser congresista tras renunciar a su gobierno de facto?

César  Zorrilla Flores

Kyaroz17

15 Nov 2020 | 16:31 h
Acción Popular deslindó de la decisión que tomó su bancada en el Parlamento al apoyar la vacancia presidencial. Foto: La República
Acción Popular deslindó de la decisión que tomó su bancada en el Parlamento al apoyar la vacancia presidencial. Foto: La República

Especialistas opinan sobre los eventuales cargos contra Manuel Merino si es hallado culpable de la muerte de Brayan Pintado e Inti Sotelo, jóvenes asesinados por protestar contra su régimen.

Luego de que el golpista Manuel Merino de Lama renuncie a permanecer en Palacio de Gobierno y continuar con su régimen que venía sofocando violentamente marchas multitudinarias, deberá volver a ejercer funciones como congresista, según indicaron especialistas.

Para el constitucionalista Omar Cairo, Manuel Merino volverá a ser parte de la bancada de Acción Popular en el Congreso de la República debido a que el cargo de legislador es irrenunciable.

“Está renunciando a la Presidencia y, por lo tanto, él va a volver a ser congresista. Cuando sea efectiva la renuncia, al ser aceptada por el Congreso, es el Legislativo que tiene que elegir una nueva Mesa Directiva, y el presidente de esa Mesa Directiva será el presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021”, puntualizó en diálogo con La República.

De igual manera, César Delgado-Guembes, especialista en derecho parlamentario, coincidió que el mandato legislativo es irrenunciable, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución. Añadió que si Merino renuncia podría recibir una sanción disciplinaria por parte del Legislativo y que implica la suspensión de funciones de no más de 120 días de legislatura.

Manuel Merino y posibles denuncias por muertes de manifestantes

Desde que asumió el poder de manera ilegítima, el pasado martes 10, la población elevó su voz en contra de Manuel Merino a través de manifestaciones en diferentes puntos del país.

En la conocida Segunda Marcha Nacional, del sábado 14, se registraron hechos de represión por parte de las autoridades policiales y que significaron la muerte de Jack Brayan Pintado Sánchez (22) y de Inti Sotelo Camargo (24). Asimismo, hasta el momento, el congresista Alberto de Belaúnde denunció la desaparición de 40 manifestantes.

Precisamente, el hermano de Inti Sotelo apuntó que irán “hasta las últimas consecuencias" para hallar a los responsables que provocaron la muerte de su familiar cuando este ejercía su derecho a la protesta. “La muerte de mi hermano no puede quedar en vano. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Me da vergüenza las autoridades. Supuestamente nos tienen que proteger. La Policía no nos cuida. La Policía nos reprime y eso tiene una cabeza, el ministro del Interior. Cuando uno se queja o denuncia te cierran las puertas”, aseveró.

Ante ello, Omar Cairo indicó que, si se demuestra que el operativo policial que reprimió las manifestaciones fue elaborado y dispuesto con la consciencia de que podía afectar la vida e integridad de los jóvenes, será Manuel Merino responsable penalmente. “Según el artículo 128 de la Constitución, sus ministros también serán responsables porque responden por los delitos del presidente, salvo que renuncien inmediatamente”, acotó.

Aclaró que, en caso sea encontrado culpable, no se aplicará la inmunidad parlamentaria, ya que fue un delito cometido en el ejercicio de la función presidencial.

“La protección de la inmunidad que tienen los mandatarios cuando ejercen funciones son única y exclusivamente mientras son presidentes de la República hasta concluir el mandato”, reflexionó César Delgado-Guembes.

Delgado-Guembes resaltó que, si se determina la culpabilidad de Manuel Merino, correspondería presentar denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. “Él puede ser acusado constitucionalmente por los delitos encontrados que son constitucionales y penalmente”, continuó.

“Se podría decir que le corresponde el proceso del antejuicio por haber ejercido el cargo de presidente de la República ante los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, según dicen en el artículo 99 y 100. Sin embargo, también se puede sostener que, como Manuel Merino es un presidente de facto, el antejuicio político no se le puede aplicar y puede pasar a ser procesado directamente”, concluyó Omar Cairo.

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