Caso Alarcón no debe caer en manos de los aliados de Unión por el Perú
Congreso. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días hábiles para presentar un expediente contra el excontralor. Costa y Ancalle advierten que el ponente no debe ser miembro de una bancada que lo blinde.
- Patricia Benavides y operativo Valkiria: últimas noticias de allanamientos de Fiscalía
- En operación Valkiria, detienen al abogado José Luis Castillo Alva y dos ex asesores de Patricia Benavides
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer conceder 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar un informe final sobre las denuncias que afronta el congresista de Unión por el Perú (UPP) y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, por presunto enriquecimiento ilícito y peculado doloso cuando era contralor general de la República.
En ambas imputaciones, 17 y 16 parlamentarios, respectivamente, votaron a favor de continuar el proceso. Sin embargo, siete congresistas de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP) votaron en abstención.
Además, acordaron retirar a Alarcón de la Subcomisión.
Para la acusación por enriquecimiento ilícito, Tania Rodas (APP), Mariano Yupanqui (SP), Beto Barrionuevo (SP), Carlos Mesía y Martha Chávez (FP) se abstuvieron. Y en la imputación por peculado, se sumaron a este grupo Napoleón Puño Lecaranqué (APP) y Otto Guibovich (AP), quien justificó su decisión alegando que no recibió a tiempo la información debida para tomar una decisión.
En el fujimorismo, en tanto, Chávez Cossio refirió que su abstención se debe a que varios colegas suyos adelantaron opinión en las denuncias contra el excontralor. “Ha habido mucha animadversión contra él”, expresó.
Y ahí se refleja la defensa al legislador de UPP.
La comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a fin de que la subcomisión realice la investigación respectiva. Foto: La República
El delegado es crucial
Entre el viernes 13 o el lunes 16, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el acciopopulista Luis Roel, elegirá a un ponente. Este elaborará el expediente final, recogiendo la versión del excontralor. Luego la comisión decidirá si le da luz verde para que el informe pase a discutirse en la Permanente y, de recibir la venia allí, posteriormente, será debatido en el Pleno del Congreso.
Hay dos escenarios, según Gino Costa, congresista del Partido Morado (PM): si solo demuestran indicios penales, se recomienda al Ministerio Público profundizar indagaciones. Pero si el ponente presenta elementos consistentes de que Alarcón cometió infracciones a la Constitución, la máxima sanción es la inhabilitación en la función pública por 10 años.
Por eso, es crucial el rol de la Subcomisión en la elección del delegado. Roel puede proponer a un responsable, pero los miembros de la comisión también. Todo se define con los votos.
Para Costa, el problema es que los argumentos de Chávez apuntan a que los congresistas de las bancadas que exigieron la salida de Alarcón de la Comisión de Fiscalización, debido a las graves denuncias que tiene, no sean designados responsables del expediente.
Cabe recordar que el Partido Morado, el Frente Amplio (FA) y el Frepap demandaron al excontralor renunciar a la titularidad de Fiscalización, pero no recibieron el respaldo de los demás partidos políticos.
La bancada completa del Partido Morado y APP fueron las únicas que votaron en contra admisión de la moción de vacancia. Foto: La República.
José Luis Ancalle, parlamentario del FA, es uno de los que respaldó retirar al excontralor de dicha comisión. Considera que las bancadas que no apoyaron esta medida y se abstuvieron en la Comisión Permanente cuando se votó por la continuidad del proceso no deben ser los encargados de analizar tales denuncias constitucionales.
“De ninguna manera, ahí quizás podamos tener una indisposición puesto que ellos ya tomaron una actitud de no seguir con la investigación y eso no ayudará a la lucha contra la corrupción”, sostuvo Ancalle refiriéndose a Chávez, Mesía, Guibovich y Rodas, quienes también integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Costa advierte de que hay bancadas que suelen votar en coro con Unión por el Perú: “Tienes a Podemos Perú, Somos Perú, FP, APP y AP. Esta es la alianza”. “Eso se refleja en las decisiones que adoptan, por ejemplo, en la comisión especial para la elección del Tribunal Constitucional (TC)”, recordó el legislador morado. Las cartas están sobre la mesa.
¿De qué delitos se está acusando al excontralor?
La denuncia constitucional 371 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, es por presunto enriquecimiento ilícito del congresista Edgar Alarcón (UPP) cuando era contralor general de la República, debido a la venta de 90 vehículos por los que habría un desbalance patrimonial de más de S/ 200 mil.
Edgar Alarcón
La denuncia constitucional 372 se basa en que el congresista de UPP habría usado fondos públicos para gastos personales cuando dirigía el máximo órgano de control.
La Comisión Permanente también otorgó quince días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar un informe sobre las denuncias contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril y el precandidato presidencial Daniel Salaverry.
Los que se abstuvieron
- Martha Chávez, Fuerza Popular
- Carlos Mesía, Fuerza Popular
- Tania Rodas, Alianza para el Progreso
- Napoleón Puño, Alianza para el Progreso
- Beto Barrionuevo, Somos Perú
- Mariano Yupanqui Miñano, Somos Perú
- Otto Guibovich, Acción Popular
Newsletter Política LR
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación y egresado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Multimedia. Siete años como cronista parlamentario.
