Edgar Alarcón: proceso podría terminar con la inhabilitación de la función pública

La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Luis Roel (Acción Popular), un plazo de 15 días hábiles para investigar a Edgar Alarcón (UPP) y presentar un informe final que podría culminar en su inhabilitación de la función pública.

En consecuencia, Roel Alva deberá elegir a un miembro de la SAC que estará a cargo de la pesquisa contra Alarcón en torno a las denuncias constitucionales 371 y 372, presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y que fueron declaradas procedentes por la subcomisión en setiembre pasado.

En el primer caso, la acusación se basa en la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado y, en el segundo, en peculado doloso por apropiación agravada; ambas denuncias se refieren a hechos desarrollados cuando Edgar Alarcón fungió como contralor general de la República.

Cabe resaltar que, en la sesión de este viernes 6, la Comisión Permanente aprobó que Alarcón Tejada sea sustituido de su cargo como titular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por su colega de bancada Javier Mendoza Marquina.

No obstante, un punto importante para el correcto desarrollo de las investigaciones dependerá de quién sea el congresista delegado de elaborar el informe final del caso Edgar Alarcón, ya que hubo cuestionamientos ante la posibilidad de que fuera algún parlamentario de una bancada aliada de UPP.

En la sesión de esta mañana, Martha Chávez, Tania Rodas y Carlos Pérez Ochoa, quienes también son parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, votaron en abstención para declarar procedentes las denuncias contra Edgar Alarcón. Cualquiera de los tres podría ser elegido como delegado del caso si así lo determina Luis Roel Alva.

Quien asuma la labor de delegado deberá preparar un informe, conforme el inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, y presentarlo ante el pleno de la Subcomisión. En caso de ser aceptado, será trasladado a la Comisión Permanente, presidida por Manuel Merino (Acción Popular), para nuevamente ser puesta a debate.

En caso se apruebe en la Permanente, la decisión final será adoptada por el Pleno del Congreso, que determinará si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. La sanción política puede ser la inhabilitación de la función pública.

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, como la que pesa sobre Alarcón por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Legislativo, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.

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