Exgobernadora de Arequipa Yamila Osorio también es investigada por caso Majes Siguas II

¿Cómo llegó Majes Siguas II a este punto? En diciembre de este año se cumplirán 10 años de la firma del contrato y este proyecto, que busca irrigar 38.500 para la agro exportación, es aún un anhelo.

Durante toda esa década la obra ha soportado varias suspensiones que la han retrasado. La última justificación es la adenda 13, planteada por la concesionaria Cobra, en el 2017 y que propone entre varias modificaciones, canales abiertos por tuberías en el sistema de distribución del agua. Los cambios costarán $ 104 millones y hasta el momento no hay decisión. Por todas estas circunstancias en junio del 2019 se formuló una denuncia penal de la que poco se ha discutido y por la cual el Ministerio Público está indagando. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción declaró complejo el caso.

El “Instituto de Estudios Constitucionales e Investigación en Derechos Humanos Solidaria Perú” formuló la acusación por colusión agravada en contra de los funcionarios que resulten responsables por aceptar las prórrogas. La clave de la imputación está en las actas y acuerdos realizados en la gestión de la gobernadora regional Yamila Osorio Delgado.

Los documentos precisan más de seis ampliaciones de plazo del 2015-2018 que ocasionaron “un perjuicio económico”, con la finalidad de favorecer a Cobra para evitar que cumpla sus obligaciones como la presentación de expedientes técnicos y el cierre financiero del proyecto.

Las suspensiones

La historia de Majes II esta plagada de suspensiones. Tras la firma de contrato (2010) su cumplimiento no fue acatado de inmediato. Bajo la Adenda 1 se acordó ampliar la entrada de vigencia del contrato obligada por la demanda del Gobierno Regional de Cusco. Esto duró hasta el 2014 en que el Tribunal Constitucional sentencia que reinicien las obras. En marzo del 2015, con Osorio de gobernadora, se firmó la adenda 12 que compila todas las actas y acuerdos de las ocho ampliaciones de plazo.

Le siguió la suspensión de marzo del 2015 a setiembre del 2016 con la justificación de superar “circunstancias que afectaron el desenvolvimiento del contrato”, es decir falta de entrega de terrenos por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), culminación de expedientes por parte de la concesionaria, entre otros. Los mismos motivos se arguyeron para las cinco siguientes ampliaciones hasta junio del 2019.

Según la denuncia, no solo se buscó ganar tiempo sino también generar mayores recursos económicos para la ejecución del proyecto. Estas ampliaciones no sirvieron del todo. El actual asesor legal del Gobierno Regional de Arequipa, Augusto Palaco, mencionó que tanto Autodema como Cobra les faltaba cumplir con sus obligaciones para proceder a un cierre financiero. Hay que recordar que Majes II sufrió ya un primer incremento de 20% de $ 424 millones a $ 550 millones en diciembre del 2014.

Para el presidente de Solidaria Perú, Arturo Salas Vildoso, hay responsabilidades penales por el perjuicio económico que conllevó todos estos años. Aseguró que la adenda 13 también busca ese camino. “Todas esas nuevas circunstancias, como el cambio climático y que no le alcanzará el caudal es una excusa y no son ciertos, porque todas esas circunstancias ya se conocían desde antes de la firma del contrato”, sostiene. En la denuncia se resalta que la concesionaria ganó con una propuesta que consideraba canales abiertos.

El directivo de Cobra, Joaquín Roura, esgrimió que la evaporación del agua no es la principal justificación para la adenda 13, sino la menor. Puntualizó que se hizo mejoras, como la automatización del sistema, el incremento de puntos de agua hacia las parcelas que evitará mayores inversiones a los futuros propietarios y la pérdida de 80 millones de metros cúbicos (m3) al año. “He oído hablar que las pérdidas de agua no estaban avaladas por las supervisoras. Si revisan sus informes, ahí están”, sostuvo en la ponencia “Majes Siguas II”, organizada por el Movimiento Independiente Cívico-Arequipa (MOINCA), en agosto último.

Por su parte Salas destacó la exigencia de Cobra de $ 74,8 millones, de los cuales, 29,6 millones son por gastos incurridos en la última paralización y $ 54,1 millones por trabajados adelantados. También en la denuncia se incluyen dos informes simultáneos de la Contraloría en que observa el pago al supervisor especializado Majes II SAC en la gestión de Osorio.

“Son prácticamente 11 millones de dólares, cuando la ejecución de la obra de la primera fase no llega ni al 27%. Todo esto evidencia una triangulación entre concedente, concesionario y supervisora”, indicó. Por su parte Roura dijo: “¿Por qué no se firmo la adenda 13 en la gestión de Osorio? Tendrán que preguntárselo a ella”.

Por lo que dijo Roura en ese foro, ese dinero lo gastó Cobra cuando no tenía la obligación de hacerlo sino en la fase II. Son cerca de US$ 80 millones por instalaciones y otros gastos como la tuneladora. Mientras otro de sus directivos, Santiago Hernández, señaló que es falso que no tengan capacidad de financiar su parte en la mega obra. Indicó que Cobra pertenece al Grupo ACS, del que es presidente Florentino Pérez, también mandamás del Real Madrid. “Hemos hecho 800 millones de dólares en inversiones en los últimos 5 años para los que dicen que no tenemos capacidad financiera”, sostuvo.

El consejero regional Harberth Zúñiga, precisó que es muy difícil asegurar que las investigaciones por este caso puedan llegar a perjudicar al proyecto. “Es incierto que tenga consecuencias administrativas o actuales. Pero llama mucho la atención la predisposición el beneplácito con que han actuado los funcionarios en la gestión que lideró Osorio. Hay que esperar si se formaliza la investigación”.

En cambio Arturo Salas sostiene que sus argumentos son sólidos. “No se necesita causar directamente un perjuicio económico propiamente dicho, basta con defraudar los intereses del Estado, es decir, el solo hecho de retrasar los trabajos, evitar penalidades, incrementar costos innecesariamente y en favor de la empresa ya configura delito”.

El gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoleón Ocsa, indicó que hasta el momento la Fiscalía no les ha pedido información. Espera que la investigación no origine problemas a la ejecución.