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Empresario Sánchez Alayo se apropió de predio al estilo Orellana

Doris Aguirre

daguirre177

15 Oct 2020 | 7:27 h
Sánchez Alayo es integrante del clan familiar de los Sanchez Paredes. Foto: Composición / La República
Sánchez Alayo es integrante del clan familiar de los Sanchez Paredes. Foto: Composición / La República

Hora cero. Hoy debería cumplirse con el mandato judicial de desalojo de un terreno en Chilca que personas al servicio del hombre de negocios invadieron en agravio de la familia Guizado.

El juez de Investigación Preparatoria de Chilca, Johans Cardenas Diaz, dispuso para este viernes 16 de octubre el desalojo total de 64 hectáreas de un terreno usurpado a balazo limpio por personas relacionadas con el empresario Fidel Sánchez Alayo, integrante del clan familiar de los Sanchez Paredes, investigado por presunto lavado de activos.

El terreno, ubicado en el fundo Ñave del distrito ecológico de Chilca, en Cañete, es de propiedad de Zoila Zapata Camacho y de los hermanos Nemesio y Pedro Guizado Portillo. Al mismo estilo de la organización criminal de Rodolfo Orellana, los dueños del predio fueron despojados de este mediante testaferros y documentos fraguados.

En el lugar, Fidel Sánchez Alayo ha construido un establo para centenares de caballos de paso, un coliseo de gallos de pelea y una plaza de toros privada que lleva su propio nombre y apellidos. Sus padres, Manuel Sánchez Paredes y Marina Alayo de Sánchez, figuran en la placa conmemorativa como los padrinos del establecimiento.

El 23 de agosto de 2013, una gavilla de 50 matones armados irrumpieron en la propiedad de Zolia Zapata Camacho, y luego de destruir el cerco perimétrico y viviendas con tractores, cercaron con montículos de arena el terreno para impedir el ingreso de los verdaderos dueños.

Al día siguiente, 24 de agosto, el mismo grupo armado ingresó violentamente en el terreno de 9.000 metros cuadrados de los hermanos Pedro y Nemesio Guizado Portillo. Para cumplir con su cometido, amenazaron de muerte al guardia, José Modesto Huapaya. Sin embargo, la víctima logró identificar a José Chávez Alcalde y Felix Ramos Peralta como los cabecillas que dirigieron la invasión de los predios de los Guizado.

José Modesto declaró ante la comisaría de Chilca que José Chávez y Félix Ramos llegaron al terreno de los hermanos Guizado en dos camionetas de placas A2H-545 y PIP-475, ambas inscritas a nombre de Milagros Pita Reyna, empleada de la empresa Corporacion Aguilas del Sol y la compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), ambas de la familia Sánchez Paredes.

Después de cuatro años de los hechos, el juez penal unipersonal de Chilca, Manuel Vargas Sánchez, condenó a 5 años de prisión efectiva a José Chávez Alcalde y Félix Ramos Peralta. Además, el magistrado ordenó la restitución de los terrenos a sus verdaderos propietarios. Pero los sentenciados, no obstante encontrarse en condición de prófugos de la justicia, apelaron el fallo.

Evidente maniobra

Al año siguiente, el 25 de julio de 2018, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Cañete, confirmó la sentencia a los operadores de Sánchez Alayo.

La República se comunicó con el abogado de Fidel Sánchez Alayo para recoger su versión, pero el letrado afirmó que el empresario no le había autorizado a ofrecer su declaración.

Por su parte, el abogado Luis Alfonso Morey, defensor de los hermanos Pedro y Nemesio Guizado, y de Zoila Zapata, señaló que acreditó ante las autoridades judiciales que Fidel Sánchez Alayo recurrió a empresas de fachada y de testaferros para apropiarse de un terreno que no le pertenece.

“Fidel Sánchez Alayo ha cometido una serie de errores que dejan en evidencia que es él el verdadero beneficiario y usuario de los terrenos usurpados”, explicó Morey.

Con documentos en la mano, el abogado demostró que Fidel Sánchez Alayo utilizó a la empresa Inversiones Las Arenas para apropiarse de los terrenos de los hermanos Guizado y de Rosa Zapata, mediante una transacción extrajudicial y fraudulenta, en complicidad con el prófugo José Chávez Alcalde, condenado a 5 años por usurpación agravada.

Demanda trucha

Un mes antes de la sentencia, Inversiones Las Arenas interpuso una demanda de obligación de dinero ante el Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, donde señalan que José Chávez Alcalde, supuestamente, mantenía una deuda de 2 millones de dólares. Inversiones Las Arenas sostenía que José Chávez entregó el terreno como parte de pago.

Pero resulta que José Chávez labora como empleado en la empresa Protección de Hoteles, cuyo propietario es Fidel Sánchez Alayo. Además, José Chávez gana 1.200 soles mensuales. ¿Cómo podría deberle 2 millones de dólares a la empresa de Fidel Sánchez Alayo?

En un último intento por quedarse con la propiedad, la empresa de Fidel Sánchez Alayo, Inversiones Las Arenas, interpuso una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Civil de Santiago de Chuco, en la sierra de La Libertad. Evidentemente, se trataba de una maniobra.

La jueza Carmencita Torres Hilario admitió la demanda, pero no pudo impedir que el juzgado de Chilca ordene la ejecución de la sentencia de desalojo para el 16 de octubre.

Este diario se contactó con el abogado Luis Reyna Alfaro, abogado de Fidel Sánchez Alayo para recibir su versión referente a la denuncia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, insistió que su cliente no había respondido.

“Le he transmitido su mensaje y esperemos que el señor Fidel Sánchez responda”, indicó Luis Reyna.

El prófugo José Chávez Alcalde interpuso un hábeas corpus contra el titular del Juzgado Penal Unipersonal de Chilca, Manuel Vargas Sánchez, que lo condenó a 5 años de prisión. La demanda fue admitida por el 40º Juzgado Penal de Lima, a cargo del magistrado Omar Ahomed Chávez. Pero la Sala Penal con Reos Libres declaró improcedente la acción del operador de Fidel Sánchez Alayo.

Fidel Sánchez está procesado por el presunto delito de lavado de activos procedente del narcotráfico y minería ilegal, junto con otros integrantes de la familia Sanchez Paredes.

El último 14 de octubre, el juez Johans Cárdenas Díaz declaró improcedente el pedido de inejecutabilidad que interpuso Inversiones Las Arenas, la empresa de Fidel Sánchez Alayo, para que no se proceda al desalojo. Así que el único camino que le queda al empresario es cumplir con la ley y retirarse de un terreno que no es suyo.

Pero, además, el juez Cárdenas dispuso multar a Las Arenas por mala fe procesal. Es decir, por haber pretendido embaucar a la autoridad judicial.

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