Edgar Alarcón: la cuestionada hoja de vida del fiscalizador

Wilder Pari

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11 Sep 2020 | 11:59 h
Edgar Alarcón es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Foto: La República.

El congresista de Unión por el Perú carga un rosario de cuestionamientos, sobre todo de su época en la Contraloría. Irónicamente, preside la Comisión de Fiscalización y ha puesto en jaque a Martín Vizcarra.

Luego de los audios revelados sobre el presidente Martín Vizcarra, las críticas no solo se orientaron al mandatario, también viraron hacia el denunciante, el congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón. El parlamentario, que se proclama como abanderado en la lucha anticorrupción, carga con una hoja de vida cuestionada, como su destitución del cargo de contralor general de la República y una investigación de la Fiscalía, por enriquecimiento ilícito.

Alarcón es arequipeño. Tiene 59 años. En el último proceso electoral fue el congresista más votado en Arequipa. Postuló por Unión por el Perú (UPP) en alianza con el etnocacerismo de Antauro Humala. Antes de llegar al Congreso tuvo un paso fugaz como asesor del gobernador Elmer Cáceres Llica. Nunca se entendieron y Alarcón terminó dando un portazo. No duró ni un mes en el cargo. Sin embargo, los cuestionamientos mayores que recaen sobre él corresponden cuando trabajó en la Contraloría General de la República. A esta institución ingresó a laborar en 1997 sin título universitario, era bachiller de la Universidad San Agustín.

En junio de 2017 hubo un punto de quiebre en su carrera. Irónicamente, también con un audio, donde pedía a un auditor de la Contraloría retirar una denuncia elevada al Congreso, para seguir “siendo amigos”. Este señalaba que Alarcón no declaró entre el 2003 y 2015 la compra y venta de 90 autos. Sucede que un funcionario de la Contraloría no puede generar actividades de lucro, precisa la ley.

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Posteriormente, se conoció de otras actividades irregulares. El 2008 compró por subasta dos terrenos en Camaná, provincia costera de Arequipa, mientras era gerente general de la Contraloría. Un funcionario público, está impedido de participar en remates. Y en diciembre del 2016 vendió dichos terrenos, siendo el máximo funcionario del órgano de control. Alarcón negó que la operación le haya generado lucro.

En julio del 2017, la Comisión Permanente del Congreso decidió la destitución de Alarcón del cargo. Entre los fundamentos estaba la coacción hacia el auditor que lo denunció ante el Legislativo, así como la compra de vehículos. También se añadió en las razones la sospechosa liquidación de 127.000 soles que aprobó Alarcón en favor de Marcela Mejía Franco, extrabajadora de la Contraloría, con quien tuvo dos hijos.

El dinero no declarado por Alarcón por la venta de los 90 vehículos generó una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, pues tendría un desbalance patrimonial cercano a los 3 millones de soles. También se le acusa de peculado por presuntos servicios simulados, mientras era máximo jefe de la Contraloría. En julio de este año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una demanda constitucional para levantar su inmunidad parlamentaria.

Alarcón tiene otra investigación, por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Temerarios del Crimen, una red de empresarios que pagaban coimas para direccionar obras en municipios del norte. Mientras fue contralor general, Alarcón habría recibido 30.000 soles para facilitar el desbloqueo de cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, detalla una investigación fiscal.

Cuestionamientos locales

El 2017, se puso en tela de juicio la legalidad de su título profesional de contador. Alarcón se graduó en la Universidad Nacional de San Agustín en el 2000, mediante un informe y acreditación de tres años de experiencia profesional. Sin embargo, solo habría refrendado dos años y tres meses de experiencia. El Consejo Universitario de la UNSA determinó que el título profesional que obtuvo fue fraudulento. La comisión la presidió Javier Lizárraga, decano de la facultad de Derecho de esa casa de estudios. Luego la UNSA formó otra comisión para analizar el informe y determinar las responsabilidades administrativas y legales. Lizárraga desconoce si dicho grupo de trabajo llegó a una conclusión.

Además, durante su mandato como contralor general de la República, designó a su prima hermana Noelia Soto Tejada como jefa de la Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa. A pesar de todas las investigaciones y cuestionamientos, Alarcón logró la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Su designación incluso fue reprochada por sus propios compañeros de bancada (Unión por el Perú).

Defensa de Alarcón

En reiteradas veces, Edgar Alarcón ha manifestado que las investigaciones en su contra son por su seguimiento del caso Chinchero. En mayo de 2017, cuando era contralor general, se emitió un informe donde se indicaban responsabilidades de funcionarios en la suscripción de la adenda con la empresa Kuntur Wasi, para construir el aeropuerto en Chinchero (Cusco). Se indicó que esta adenda era perjudicial para el Estado. El informe incluyó a Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes, aunque se salvó del proceso sancionador, pues era una autoridad elegida por votación popular (vicepresidente).

Dato

En junio del 2017 salió otro audio, de una conversación con el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne. Según Alarcón, trataron de presionarlo para que la Contraloría no emita el informe sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero. El audio precipitó la salida de Thorne, quien culpó a Alarcón de grabarlo, aunque él lo negó.

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