Consejo Regional de Lambayeque cita a gerente del proyecto Olmos por presuntas irregularidades

El Consejo Regional de Lambayeque citó al gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Leopoldo Fernández León, para responder por unas presuntas irregularidades cometidas en la contratación de un estudio de abogados para defender a un funcionario y un ex servidor que vienen siendo investigados por el Equipo Especial Lava Jato por el caso Odebrecht.

Para el consejero Manuel Huacchillo, quien expuso la denuncia frente al Colegiado, se habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado al realizar una contratación directa por un monto que sobrepasa las 8 UIT (unidades impositivas tributarias) sin un sustento técnico-legal. Por este caso, el Sindicato de Trabajadores del PEOT solicitó la intervención de la Contraloría General de la República, quienes ya habrían iniciado sus investigaciones.

“Hay un uso indebido del fondo del estado. No hubo requerimiento del área usuaria para contratar dicha cantidad. No se subió al Seace ni tampoco está en el Plan Anual de Contrataciones. Estos son hechos que ameritan una profunda investigación”, señaló Huacchillo.

Hechos

A través de las resoluciones n.°000160-2020 y n.° 000165-2020, el gerente general declaró procedente el otorgamiento de beneficio de defensa y asesoría jurídica a favor del actual jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Víctor Quijano Chávez; así como para el ex asesor legal, Ramón González Vélez, por S/ 70.800 cada uno. Ambos se encuentran inmersos en una investigación fiscal por el caso Lava Jato, tras haber suscrito una serie de informes legales -entre el 2010 y el 2012- que habrían beneficiado a la concesionaria Odebrecht.

Es necesario precisar que, de acuerdo al Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los servidores de las entidades del Estado tienen derecho a contar con asesoría en procesos judiciales iniciados por “decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones”. No obstante, si en el proceso se demuestra su responsabilidad penal, deberán reembolsar íntegramente el dinero.

Sin embargo, el cuestionamiento del Sindicato y del consejero Huacchillo radica en la falta de un sustento técnico-legal para llevar a cabo la contratación directa a favor de la empresa GLB Abogados S.A.C. por un monto superior a las 8 UIT, tal como lo establece la normativa de contrataciones. Pese a ello, la entidad emitió dos órdenes de servicio por un monto de S/53 100 como parte del primer abono por la defensa de ambos investigados.

Anulación

El 26 de agosto, tras advertir este error a través de las resoluciones n.° 000181-2020 y n.° 000182-2020, el PEOT anuló de oficio las órdenes de servicio, retrajo el proceso de contratación y solicitó al estudio de abogados la devolución de los recursos transferidos a su cuenta. Frente a esta situación, el Consejo citó al responsable de la entidad para la próxima sesión de consejo que se realizaría el miércoles 9 de septiembre.

La República se comunicó con el gerente del PEOT, quien descartó la existencia de irregularidades en este proceso de contratación; no obstante, admitió que se advirtió un vicio en el trámite, por lo que procedieron con la anulación. En esa línea, Fernández León aseguró que asistirá a la sesión de consejo para explicar el procedimiento seguido por la entidad.

“Nosotros hemos actuado de acuerdo a Ley, no hay problema. En la Ley de Contrataciones existen 13 supuestos para realizar las contrataciones directas y, entre ellas, se encuentra la defensa de cualquier trabajador, por ahí no tenemos ningún problema”, puntualizó.