Comisión del Congreso pide intervención de Minagri y Fiscalía Ambiental para proteger reserva Chaparrí

Comisión de Pueblos Andinos calificó de urgente la necesidad de que ambas entidades tomen acciones para evitar el tráfico de tierras y la tala ilegal en esta área natural protegida.

En los últimos 5 años, la reserva de Chaparrí ha venido siendo afectada por el tráfico de tierras y la tala ilegal. Foto: La República.
En los últimos 5 años, la reserva de Chaparrí ha venido siendo afectada por el tráfico de tierras y la tala ilegal. Foto: La República.
Leonardo Muñoz

El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República pidió la urgente intervención del Ministerio de Agricultura (Minagri) y de la Fiscalía Ambiental para proteger la reserva ecológica de Chaparrí, en Lambayeque.

A través del oficio n.° 293-2020-2021, el congresista Lenin Bazán Villanueva advirtió al ministro Jorge Montenegro sobre la invasión de tierras que viene afectando desde hace años al área natural protegida, donde incluso han ocurrido hechos de violencia (asesinatos, organizaciones criminales, etc).

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En ese sentido, solicitó la participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para “defender Chaparrí frente a las amenazas del tráfico de tierras y bandas organizadas” a fin de garantizar los derechos territoriales de las comunidades.

De igual forma, mediante oficio n.° 294-2020-2021, Bazán pidió a la coordinadora nacional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Flor de María Vega Zapata, actuar con urgencia para prevenir hechos que terminen perjudicando el ecosistema o la vida de los comuneros.

En ambos documentos, el parlamentario hace referencia al “Protocolo de Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los Ecosistemas Frágiles”, aprobado mediante D. S. n.° 007-20-MINAGRI, con el propósito de que se tomen acciones para prevenir y mitigar el impacto generado por actividades ilegales o informales en la reserva de Chaparrí.

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Como se recuerda, la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, que protege esta área de conservación privada, denunció la presencia de invasores que estarían apropiándose indebidamente de zonas intangibles destinadas a la reserva y aprovechándose del estado de emergencia por la COVID-19.

El presidente de dicha comunidad, Edivar Carrasco Vásquez, explicó a La República que las invasiones afectan gravemente al ecosistema de bosque seco, porque están vinculadas al tráfico de tierras y a la tala ilegal, lo que destruye el hábitat natural de cientos de especies de flora y fauna silvestre.

“La depredación de los bosques nativos afecta el hábitat de las especies. Los traficantes buscan desaparecer estos bosques para poner cultivos de agroexportación. (...) Esperamos que la Fiscalía trabaje como debe de ser para que sancione a quienes talan, porque mientras no haya una sanción las invasiones no se van a detener”, puntualizó el dirigente.