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Política

Merino sobre cobro de peajes: “Estos contratos son nefastos y en contra de la población”

El presidente del Congreso, Manuel Merino, se refirió a la decisión del TC de declarar inconstitucional la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia.

Manuel Merino Foto: Jorge Cerdán / La República
Manuel Merino Foto: Jorge Cerdán / La República

Firme. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, reafirmó su posición de que se debe suspender el cobro de peajes durante el estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Esto, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 31018 que aprobó el Parlamento para la suspensión de los peajes por la pandemia.

“Lo que el Congreso dictaminó en esa norma del cobro de peajes era que se suspenda por la pandemia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado una respuesta negativa”, manifestó desde Piura a la prensa.

Asimismo, el titular del Legislativo mostró su preocupación de que las empresas sigan cobrando peajes a los peruanos en plena crisis económica luego de la llegada de la COVID-19.

En efecto, para Merino estos contratos que realizan las compañías de peajes con el Estado peruano no han sido los mejores.

“Lamentablemente los contratos que se vienen haciendo en el Perú (sobre el cobro de peajes) han sido nefastos, trampeados y en contra de la población”, dijo el legislador.

Cabe recordar que el último martes el Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad la recomendación de la ponencia del magistrado Augusto Ferrero Costa para dejar sin efecto la ley para suspender el cobro de peajes en el tiempo que dure el coronavirus.

En efecto, el tribunal concluyó dos aspectos en general sobre la impugnación a la Ley 31018 donde se determinaron las discordancias en los motivos de la iniciativa legislativa, con la finalidad expuesta de la misma.

“[...] la ley impugnada dice que su finalidad es ‘evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo ante los riesgos de propagación del COVID-19′. Sin embargo, las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que le dan origen, señalan objetivos distintos”, se lee en el documento de la ponencia.

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