Alva sobre ley inconstitucional de peajes: “Los costos serán asumidos por todos los peruanos”
Asimismo, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, resaltó la necesidad de ser "responsables con el manejo de los recursos públicos" ante los efectos de la pandemia del coronavirus.
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María Antonieta Alva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la ley que suspende el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria.
Asimismo, la ministra indicó que la Ley 31018 atentaba contra los convenios establecidos y, que produciría un costo que compromete al Estado.
“Hoy, por unanimidad, el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional la Ley de Peajes porque vulnera contratos. Además, los costos de dicha norma, que beneficia a un grupo reducido, serán asumidos por todos los peruanos”, expresó Alva Luperdi a través de sus redes sociales.
La titular del MEF, además, subrayó en la necesidad de efectuar un correcto uso del tesoro público con el objeto de enfrentar a la pandemia del coronavirus y sus consecuencias en la economía nacional.
“En este contexto de emergencia nacional, tenemos que ser responsables con el manejo de los recursos públicos. No debemos distraernos de los objetivos esenciales: enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables y recuperar la economía. Trabajando juntos saldremos adelante”, manifestó.
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Fue precisamente Antonieta Alva quien anunció, el pasado 8 de mayo, que el Gobierno iniciará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que suspende el cobro de peajes, aprobada en la víspera por insistencia por el Congreso de la República.
“Como lo advertimos en su momento, esta ley es indirectamente un subsidio a un grupo muy reducido de empresas que le va costar a todos los peruanos. Y nosotros, con mucha responsabilidad de salvaguardar el interés de todos los peruanos y el Perú, vamos a iniciar la demanda de inconstitucionalidad en los próximos días”, dijo en aquel entonces.
En consecuencia, el 3 de junio, el Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, presentó ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra la cuestionada norma.
Este martes 25, el colegiado declaró inconstitucional la Ley 31018 y de esta forma aprobó la recomendación de la ponencia del magistrado Augusto Ferrero, a cargo analizar la demanda.
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