Plantean criterios técnicos y mayor debate en el Congreso sobre proyecto de publicidad estatal

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19 Ago 2020 | 5:14 h
Observaciones. María Eugenia Mohme Seminario, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. (Foto: John Reyes)
Observaciones. Marisol Castañeda, presidenta de la organización Calandria. (Foto: La República)

El CPP pide fortalecer la transparencia en la ejecución de los recursos sobre publicidad, y Calandria destaca la importancia de incluir a los medios de las regiones.

La presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), María Eugenia Mohme Seminario, planteó ayer contemplar criterios de mayor transparencia en el proyecto de ley que analiza el Congreso sobre el tema de regulación de la publicidad estatal.

Fue durante su intervención en la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que debate un proyecto de ley presentado por los legisladores Eduardo Acate, Humberto Acuña y Omar Merino, de Alianza para el Progreso (APP), con el fin de incorporar reglas a la inversión que hace el Estado en publicaciones en medios de comunicación.

Mohme Seminario propuso la habilitación de portales para que el Estado informe sobre la inversión en publicidad.

Criterios técnicos

Al referirse a los criterios que plantea el proyecto de ley para la distribución de la publicidad estatal, que va en función de la ubicación geográfica de los medios de comunicación, la presidenta del CPP recomendó aplicar aspectos técnicos como el nivel alcance, sintonía, rating o lectoría. Recalcó que “se debe priorizar los medios distritales, provinciales y regionales, pero que cumplan con los requisitos técnicos para el fin de la campaña”.

En diálogo con La República, Marisol Castañeda, presidenta e investigadora de la organización civil Calandria, expresó que los criterios de sintonía o lectoría no deben ser excluyentes respecto de otros criterios como el comunicativo, según el cual se pone énfasis en el contenido de lo que se quiere dar a conocer y la cercanía de los medios con determinados grupos de ciudadanos.

En su opinión, eso implicaría la verificación de los medios que están más presentes en las vidas cotidianas de determinados grupos de ciudadanos, lo cual no necesariamente está medido por el rating o sintonía.

Por otro lado, Marisol Castañeda hizo hincapié en la necesidad de que este proyecto sea debatido ampliamente, tomando las voces de otras organizaciones vinculadas con el tema.

“Me parece positivo retomar el debate sobre legislación en la comunicación y revalorar el rol de los medios regionales y locales”, expresó.

En su opinión, también se debe entrar a un debate sobre la política de comunicación del Estado. La investigadora respaldó la idea del proyecto para que no se asigne publicidad estatal a las empresas que tienen deudas con el Estado.

Vacíos en el proyecto

Por otro lado, María Eugenia Mohme Seminario observó que hay criterios en el proyecto, que no articulan con la totalidad de medios de medios comunicación, como es el caso de aquellos cuyo funcionamiento no dependen de una autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero el proyecto plantea ese requisito. Citó como ejemplo los diarios y revistas.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, enfatizó que cualquier regulación debe tener en cuenta que lo más importante en todo esto es el ciudadano. “El beneficiario final de la publicidad estatal tiene que ser el ciudadano, es decir, el derecho del ciudadano de ser informado por su Estado”, apuntó.

Salazar sostuvo que el CPP respalda la regulación y pidió abordar el tema de la manera más técnica y profesional posible. “Estamos a favor de que se regule la publicidad del Estado, lo hemos dicho en ocasiones numerosas”, expresó.

Observaciones al proyecto según el CPP y Calandria

Generalizaciones. Según el proyecto de ley 5840, el Estado solo debe anunciar en medios autorizados por el MTC, con lo cual se estaría excluyendo a los medios impresos y digitales.

Cuotas. El proyecto plantea distribuir la publicidad estatal en porcentajes, en función de medios comerciales, educativos y comunitarios. Este criterio solo aplica para las estaciones de radio y televisión.

Exclusiones. En opinión de Calandria, el proyecto podría estar desfasado, en tanto, no incluye a los medios digitales ni tampoco a los medios del Estado.

Principios sin claro desarrollo. La organización Calandria advierte que el proyecto plantea una serie de principios, como el de interculturalidad, pero el mismo texto no lo desarrolla, con lo cual quedarían serios vacíos en la implementación de la norma.

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