Congreso: las denuncias archivadas e investigadas en la Comisión de Ética

La Comisión de Ética del Congreso de la República a casi dos meses de haberse instalado, ha tomado decisiones sobre denuncias en contra de parlamentarios, en algunos casos a favor de su investigación, y en otras sobre su archivo.

Los casos presentados ante el grupo de trabajo liderado por César Gonzales Tuanama, de Somos Perú, se basan en que las conductas de los legisladores habrían vulnerado el Código de Ética y el Reglamento de la institución.

“Vamos a borrar contundentemente ese dicho ‘otorongo no come otorongo', vamos a demostrar contundencia y firmeza en la labor a desarrollar”, declaró el representante de Ucayali al instalarse la Comisión de Ética.

Casos archivados

Uno de los casos más cuestinado fue el archivamiento de las denuncias en contra de 23 congresistas de Lima y Callao, que cobraron los gastos de instalación de S/ 15.600, pese a que algunos anunciaron que no lo harían.

Los miembros de la comisión tomaron en cuenta un informe de la Oficialía Mayor que no considera como falta el acto, pese a que otro estudio determinó que este no podía donarse, como algunos legisladores lo hicieron. César Gonzales solicitó reconsiderar su voto dirimente, que permitió el archivo del caso, pero fue desestimada el último 8 de agosto.

Ese mismo día, la mayoría de los integrantes de la comisión respaldaron el archivo de la denuncia en contra de José Luna Morales, de Podemos Perú, cuyas empresas que lideraba no habrían depositado los montos correspondientes a AFP y ONP a sus trabajadores, pese a autodenominarse defensor de estos beneficios.

El informe de calificación planteaba la investigación correspondiente, pero con 4 votos en contra, este fue desestimado. Sin embargo, la vicepresidenta de la comisión, Mirtha Vásquez, pidió una reconsideración de la votación debido a que la Mesa Directiva no habría anunciado el cambio del representante de Podemos Perú, cuyo voto fue a favor de Luna Morales. El tema se debatirá en la próxima sesión.

Hipólito Chaiña, de Unión por el Perú, también se libró de una investigación luego de que la Policía lo intervenido por presuntamente no acatar el aislamiento social obligatorio. El representante de Arequipa señaló que fue invitado a una reunión organizada por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social.

Otros casos archivados son los de Paul García, de Acción Popular, quien fue denunciado por el director del Hospital San José del Callao, Ever Mitta Curay, por presuntamente no haber respetado las medidas de bioseguridad y distanciamiento. No obstante, el informe recomendo desestimar el caso porque se trató de una “labor de fiscalización”.

La misma razón se usó en el caso de la parlamentaria Cecilia García, de Podemos Perú, por haber ejecutado dos visitas inopinadas a diversos hospitales y supuestamente no respetar las medidas de seguridad sanitaria en el Hospital de Huaycán el pasado 19 de junio.

Continúan en proceso

Las denuncias interpuestas en la Comisión de Ética, son evaluadas para que se inicie un proceso de investigación preliminar, uno de los casos es el de Jhosept Pérez Mimbela, de Alianza Para el Progreso, quien reconoció haber insultado al presidente de la República, Martín Vizcarra, en el Pleno virtual del 5 de julio.

Luego que se difundiera su nombre en un medio periodístico, el parlamentario aceptó su infracción tras más de 20 días de haber dicho la lisura contra el mandatario. Diversos integrantes del grupo de trabajo pidieron que este caso se acelere.

Otro proceso abierto es contra los congresistas Rubén Pantoja Calvo, Matilde Fernández Florez y Juan de Dios Huamán Champi, quienes habrían gestionado un vuelo humanitario en el que trasladaron a sus familiares hacia la ciudad del Cusco. Por un caso similar está procesado Jorge Pérez Flores, quien gestionó una vuelo humanitario para profesional médico que resultó no tener esa condición, hecho revelado por La República.

César Combina, de Alianza para el Progreso, también es investigado por presuntamente haber entregado a la población mascarillas de protección con el logo impreso de su partido político, su silueta y su apellido.

La no agrupada Rosario Paredes también es investigada por el recorte de los sueldos de sus trabajadores en su despacho. La indagación fue aprobada por unanimidad, con 7 votos a favor.

Manuel Merino, presidente del Congreso, también tiene un proceso abierto en la Comisión de Ética por presuntos contratos irregulares de dos de sus hermanos, además de su madre, con el Estado entre el 2011 y 2016.

Edgar Alarcón, titular de la Comisión de Fiscalización, también es investigado por solicitar a la Contraloría General de la República las hojas de vida de los auditores que habrían elaborado el informe que alerta presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas.

En la lista se encuentra Daniel Urresti, vocero de la bancada de Podemos Perú, quien fue denunciado por congresistas del Frepap por haberse burlado de su organización política, al compartir un meme en el que lo muestran como candidato para elecciones presidenciales.

Otro procesado en Ética de la bancada Podemos Perú es Robinson Gupioc, quien protagonizó un altercado con un comisario de Los Olivos, durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Luis Dioses, de Somos Perú, es indagado por las denuncias periodísticas de haber contratado en la Comisión de Educación que preside, a personas que tenían vínculos con universidades investigadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En esta lista del actual Congreso, se encuentran Lilian Pinedo, de Fuerza Popular, quien habría omitido en su hoja de vida que recibió una condena de tres años de prisión suspendida.

Otro representante de Somos Perú es el parlamentario Marco Verde, quien fue captado, aparentemente, bebiendo licor en su casa junto a unos familiares pese a que estaba prohibido por el Gobierno en medio de la crisis nacional.

Kenyon Durand, de Acción Popular, es procesado por no haber respetado la distancia social durante un viaje a Huancavelica; y Miguel Gonzáles, de Partido Morado, quien fue denunciado por un ciudadano por haber cometido una “grave infracción al Código de Ética parlamentaria”.

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