El Informante: Patinaje en el Gasoducto, por Ricardo Uceda

Entre el 30 de julio y el 7 de agosto se desarrollaron audiencias judiciales para considerar el pedido de 36 meses de prisión preventiva formulado el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público para la esposa del ex presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, y dos ex ministros de Estado. Debía demostrarse sospecha fuerte de que los tres se coludieron con Odebrecht, en su calidad de integrantes de una organización criminal, para que ganara la licitación del Gasoducto del Sur, en 2014.

Además, debía acreditarse que en libertad obstruirían la acción investigativa o que se irían del país para no volver, eludiendo la acción de la justicia. Una tercera condición para que se les impusiera esta medida cautelar era que la prognosis de pena fuera mayor de cuatro años de prisión. Nadine podría estarlo más de dos décadas si era condenada, dijo la fiscal Geovana Mori.

La esposa de Humala sería, con el ex presidente, líder de la organización criminal. Los ex ministros Miguel Castilla (Economía y Finanzas) y Eleodoro Mayorga (Energía y Minas) se habrían adherido al pacto colusorio de los esposos con Odebrecht. Ellos habrían actuado en un segundo nivel de la estructura, no solo desde sus portafolios sino en el Consejo Directivo de Proinversión, el ente que dirigía el concurso. En varias ocasiones hemos destacado las dificultades que tendrá el Ministerio Público para desarrollar el plan de ataque que se trazó para el caso.

Teoría improbable

Una primera limitación es que el testigo estrella de la fiscalía, Jorge Barata, de Odebrecht, no fue todo lo preciso que se requería. Ha asegurado que entregó tres millones de dólares en la mano de los esposos Humala, antes de que asumieran el poder, para tener una puerta abierta, o sea ciertas facilidades, cuando llegaran al gobierno. Por esto ellos afrontan una imputación por lavado de dinero en un proceso distinto.

Luego Barata ha descrito reuniones con Nadine Heredia y otros funcionarios en las que no concierta específicamente el curso de la licitación del Gasoducto. Por último, Odebrecht no reconoce sobornos en este proyecto. No es previsible que Barata diga algo más de lo que ya declaró al respecto.

Otro punto, que atañe a la actuación de los ex ministros, es que los actos ilícitos que se les atribuye se produjeron en el marco de una serie de procedimientos administrativos que dejan margen escaso para una actuación discrecional. El nombramiento de responsables, los cambios en el cronograma y en las bases, el abandono del proyecto previo –a cargo de Kuntur– para ser reorientado en otra modalidad cumplió con su debido proceso. Aunque hay aspectos que merecen esclarecimiento, un pedido de prisión preventiva requiere un muy alto nivel de presunción de culpabilidad.

El pacto colusorio

Luego de las audiencias el juez Juan Sánchez Balbuena dijo que la tesis sobre un pacto colusorio no lograba convencer. ¿En qué consistió específicamente? ¿Fue antes o después de la entrega de dinero? El delito de colusión agravada es una concertación delictiva para perjudicar patrimonialmente al Estado. La estimación del daño es indispensable para un requerimiento como el planteado por el Ministerio Público. El juez dijo que brillaba por su ausencia.

A falta de estas precisiones, los testigos directos, abiertos o bajo sombra, pueden ser muy importantes. Su función en este caso sería demostrar concertaciones previas. La fiscalía aportó declaraciones de dos ex directivos de GyM, aspirantes a colaboradores eficaces. José Graña refirió que Jorge Barata le dijo que las relaciones con el gobierno para la realización del proyecto serían óptimas por una donación importante que Odebrecht hizo a la campaña electoral de los Humala.

En otra ocasión Barata transmitió novedades favorables luego de reunirse con la pareja presidencial, entre ellas que no se ejecutaría una carta fianza tras un cambio de modalidad del proyecto. Hernando Graña brindó una manifestación similar. El juez, sin embargo, no otorgó validez a las declaraciones.

Testigos débiles

Las versiones de los Graña adolecían de falta de corroboración, afirmó Sánchez Balbuena. La de José Graña era indirecta y no había sido confirmada por Jorge Barata. La de Hernando aún más, porque consistía en lo que le había contado el primero. Otros testimonios, como el del ex ministro Jorge Merino, emitido para involucrar a los ex ministros Castilla y Mayorga, fueron considerados irrelevantes y faltos de consistencia.

En otro momento de su exposición el juez hizo notar afectaciones al derecho de defensa. Nadine Heredia aún no tenía acceso a las declaraciones de Jorge Barata. En una investigación de tres años el ex ministro Castilla fue incorporado en los últimos seis meses.

Peor aún, el ex ministro Mayorga no tuvo ocasión de hacer descargos: fue involucrado este año, al formalizarse la investigación preparatoria, e inmediatamente se pidió su detención preventiva. Esta situación hacía más necesaria, dijo, el buen escrutinio de los elementos de convicción.

Un caso endeble

Los pedidos abusivos de prisión preventiva, aunque aún obtienen titulares, se están convirtiendo en una especie de circo fuera de temporada. Cada vez menos los jueces compran los boletos. No pasó el concepto tan socorrido de la organización criminal, algo que en la práctica se habría convertido Proinversión en 2014.

Tampoco apoyó el juez la tesis de que los imputados podían fugar u obstruir a la justicia. Así las cosas, aunque teóricamente la fiscalía puede revertir la derrota en instancia superior, las audiencias revelaron que será casi imposible. El caso está crudo. Lo cual es muy lamentable si hubo actos de corrupción en el Gasoducto del Sur por parte de la ex pareja presidencial.

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