Fiscal de la Nación denuncia a excongresista Lizbeth Robles de Fuerza Popular
Exparlamentaria fujimorista es imputada por presuntamente haber obligado a sus exasesores a entregarle el 50 % de sus haberes. Además, de haber intervenido en la contratación del hermano de su entonces conviviente.
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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó este martes una denuncia constitucional contra la exlegisladora Lizbeth Hilda Robles Uribe de Fuerza Popular por los delitos de concusión y negociación incompatible.
La exrepresentante de Lima Provincias es imputada de los delitos contra la administración pública luego que se difundieran las acusaciones de sus exasesores sobre irregulares mecanismos en su despacho congresal.
Cobro del 50 % del sueldo a asesores
Robles Uribe presuntamente habría obligado, en coordinación con su pareja, a sus dos exasesores de su despacho a entregarle el 50 % de sus haberes y beneficios laborales, como condición para renovarles sus contratos y no despedirlos.
Según el Ministerio Publico, este accionar lo hizo entre el 2016 y 2018. Este hecho fue difundido por un programa periodístico en abril de 2018, lo que permitió que se inicien las investigaciones correspondientes contra la fujimorista.
En el reportaje se difundió una serie de audios que grabaron Susana Milla y Félix Altez, dos trabajadores del despacho de Robles, en los que discuten con Edward Rojas, padre del hijo de la parlamentaria, por el recorte de sus sueldos.
La pareja de la entonces legisladora, que ya integraba la bancada Cambio 21 liderada por Kenji Fujimori, les exigía que le entreguen la mitad de sus salarios, aguinaldos, bonos de escolaridad y viáticos.
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Ello fue reclamado por ambos exasesores, que terminaron renunciando a sus cargos alegando que sufrían “extorsión sistemática”. No obstante, reconocieron que este mecanismo ilegal fue acordado antes de entrar al cargo.
Además, la exparlamentaria del grupo ‘Avengers’ habría intervenido directamente en la contratación del hermano de su entonces conviviente, Edward Rojas, como asesor de su despacho congresal.
Lizbeth Hilda Robles Uribe al haber sido imputadas por delitos durante su función legislativa tiene aún el antejuicio político, protección que solo el Parlamento puede levantarle para continúe siendo procesada por el Ministerio Público.
La denuncia de la fiscal Zoraida Ávalos deberá ser atendida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, grupo de trabajo que deberá emitir un informe para declararla procedente o lo contrario, luego iniciará una indagación para descartar que la denuncia tenga una intención política.
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