La Cantuta: 28 años después aún hay temas pendientes

Familia de Amaro Condori. Foto: La República.

Los restos hallados en la diligencia realizada en Huachipa antes de la cuarentena no han podido ser identificados. Tampoco hay fecha para iniciar el juicio a Vladimiro Montesinos y oficiales del Ejército que tuvieron bajo su mando al Destacamento Colina.

María Elena Castillo
María Elena Castillo
18 Jul 2020 | 15:27 h

Carmen Amaro Cóndor creció viendo el dolor de su madre, Raida. Ha sido su fiel compañera en el largo camino hacia la justicia por el secuestro y asesinato de su hermano Armando, y de los otros ocho estudiantes y el profesor de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por el Destacamento Colina el 18 de julio de 1992.

“Son 28 años de búsqueda, de tocar puertas, de pedir a las autoridades por los cuerpos aún desaparecidos, de exigir que empiece el juicio a Vladimiro Montesinos y otros responsables del crimen de nuestros familiares”, dice indignada, pero convencida de que nunca se cansarán.

PUEDES VER Piden prisión preventiva para excandidato de AP al Congreso por el caso Odebrecht

Esa persistencia logró que el expresidente Alberto Fujimori fuera extraditado y, posteriormente, condenado el 2009, así como al general Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), como autores mediatos de la desaparición forzada y homicidio de los estudiantes y el profesor de La Cantuta.

Familia de Amaro Condori. Foto: La República.

Sin embargo, aún hay temas pendientes, tanto en el campo judicial como en las acciones para hallar los restos de cinco jóvenes aún desaparecidos. Además de Armando, no se encontró vestigios de Felipe Flores Chipana, Robert Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro y Heráclides Pablo Meza.

Ante la terca insistencia de los familiares, a fines del año pasado, del 16 al 20 de diciembre, se realizó una diligencia de búsqueda en la zona de Huachipa, donde en 1993 se ubicaron las fosas en las que inicialmente fueron enterradas las víctimas. 

Los nuevos restos hallados el año pasado debían ser sometidos a pruebas de ADN para su identificación, pero la demora en los trámites, primero, y luego la cuarentena para evitar contagios por el coronavirus, no lo han permitido.

PUEDES VER Clanes familiares de policías implicados en compras digitadas

Por la pandemia, tampoco ha sido posible que en abril se lleve a cabo la búsqueda programada en Cieneguilla, donde días después de su muerte, fueron trasladados por los militares para quemarlos con el objetivo de borrar todo rastro de ellos.

“No nos cansaremos. Seguiremos insistiendo para que se realice la diligencia apenas se pueda. Agotaremos todas las medidas que sean necesarias para tratar de encontrarlos a pesar de todo el tiempo que ha pasado”, cuenta Carolina Huamán Oyague. Es prima de Dora, pero la siente como una hermana porque han crecido juntas.

Familia de Dora Oyague. Foto: La República.

Juicio sin iniciar

Mientras tanto, aún sigue pendiente el juicio al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos; al exjefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermoza Ríos, el general Luis Pérez Documet, y otros oficiales del Ejército. Tampoco se ha procesado a varios integrantes del Destacamento Colina que participaron en el crimen, entre ellos Carlos Pichilingue y Jesús Sosa Saavedra.

Todos ellos argumentaron la cosa juzgada por haber sido procesados muchos años atrás en el fuero militar, lo que finalmente fue denegado por la justicia común. 

PUEDES VER Rennán Espinoza: Las propuestas de Cateriano son insuficientes y poco ambiciosas

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que lleva el caso, relata que en el 2015, la Sala Penal Nacional dispuso que la denuncia por el caso Cantuta se acumule al expediente Caraqueño-Pativilca, por el asesinato de seis pobladores de dicha localidad cometidos en 1992 por el mismo grupo militar.

A mediados de 2017 la Fiscalía presentó acusación y seis meses después se fijó audiencia de control, a fin de establecer si cumplía con todos los requisitos para iniciar el juicio oral.

Pero se devolvió el expediente al Ministerio Público, el que subsanó las observaciones y emitió un nuevo dictamen en mayo del año pasado. En enero último, fue visto por la Sala presidida por la jueza Miluska Cano y aún está pendiente la resolución a fin de comenzar con el proceso.

Gisela Ortiz perdió a su hermano Luis Enrique. Su cuerpo es el único que se exhumó completo en 1993, cuando intervinieron en Huachipa, no obstante es uno de los deudos más activos. 

“Los familiares hemos luchado juntos desde hace 28 años y lo continuaremos haciendo. Nos hemos tenido que enfrentar a un Estado ausente para las víctimas de violaciones a derechos humanos. No solo es Cantuta, es la Hoyada, de Ayacucho, donde enterraron a los ejecutados de Los Cabitos, y muchos otros casos. Pero no nos cansaremos, no importa el tiempo que pase”, expresa.

Por la pandemia, no pudieron hacer la romería con la que todos los años recuerdan a los nueve estudiantes y al profesor de La Cantuta, los homenajearon cada uno en sus respectivas casas, donde nunca debieron faltar.